La validez jurídica de un estado de alarma de seis meses resulta harto dudosa. A la postre, la Constitución establece un plazo máximo para el estado de excepción de 30 días prorrogables por otros 30 (a lo sumo), de manera que casaría claramente mal con el espíritu de la Carta Magna el que un estado de alarma, aprobado para situaciones...
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Escrito por
Doctor en Economía, director del Instituto Juan de Mariana, profesor en el centro de estudios OMMA y en IE University.
