“El despotismo constitucional”

«El estado de alarma es una nueva etapa en este proceso de despotismo constitucional»

La Razón

El término dictadura tiene, lógicamente, muy mala prensa. Hace un tiempo me referí al concepto jurídico de la dictadura durante la República Romana que, como es sabido, no tiene nada que ver con lo que se transformó en la Edad Contemporánea. A la izquierda le pone muy nerviosa el término dictadura constitucional, aunque no siempre le ha repugnado esta institución para conseguir sus fines. Por supuesto, no me cansaré de repetirlo, no existe un país gobernado por el comunismo donde no se haya establecido una dictadura atroz. Ahora andan con el despropósito histórico y jurídico de la Memoria Democrática para reescribir lo sucedido durante la injustamente mitificada Segunda República. El teniente Castillo dejará de ser un criminal para convertirse en un adalid de la democracia. Por supuesto, los dirigentes de las derechas serán todos fascistas y Calvo Sotelo no fue asesinado de dos tiros en la nuca, sino que se impidió que fuera otro Mussolini. Es bueno recordar cómo fue ejecutado el patético dictador italiano. Los que estamos en contra de la pena de muerte, incluso para criminales como Lenin, Stalin, Hitler o Mussolini, los hubiéramos condenado a cadena perpetua.

La izquierda española mostró un gran fervor, incluido Largo Caballero que era conocido como el «Lenin español», por la revolución como instrumento para acabar con la República burguesa. Esto explica la criminal Revolución de Octubre del 34 así como la pasión por impulsar la quema de iglesias, conventos, redacciones de periódicos y sedes de los partidos políticos de la oposición. Por supuesto, las milicias armadas de la derecha también tenían el gatillo fácil. Gil Robles y Goicoechea salvaron la vida porque los guardias de asalto, que eran parte de las fuerzas de seguridad republicanas, no los encontraron en sus casas mientras que Calvo Sotelo no tuvo tanta suerte. La ley de Defensa de la República, aprobada por el gobierno provisional en 1931 e incorporada desgraciadamente al ordenamiento constitucional, es un ejemplo de ese concepto de dictadura constitucional que voy a denominar despotismo constitucional para definir el inquietante proceso que sufrimos.

El control ideológico de nuestra Historia reciente es una primera expresión de este despotismo que busca el adoctrinamiento de la sociedad y la creación de un canon de la verdad sustentado en esa inexistente superioridad moral de la izquierda. Hace demasiado tiempo que asistimos, desde la desafortunada aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, a la conversión de la mentira y la desinformación en un instrumento de lucha partidista. Los acontecimientos históricos de la Segunda República y la Guerra Civil se quieren cambiar para crear un museo de la verdad y el fanatismo al servicio de una izquierda que tuvo las manos llenas de sangre, al igual que la derecha, durante ese período. Es bueno recordar que el Frente Popular no ganó en votos las elecciones del 36, que además se falsearon los resultados en la adjudicación de los escaños y que se destituyó de forma ilegal a Alcalá Zamora como presidente de la República para colocar al siniestro Manuel Azaña, un hombre acomplejado, rencoroso y sectario.

La desaparición de la separación de poderes que sufrimos conduce a un despotismo constitucional que se ve legitimado gracias al populismo y el sistema de primarias en los partidos. En primer lugar está el progresivo sometimiento del legislativo, tanto en sus funciones de control y en la elaboración de las leyes, a la voluntad del ejecutivo. Nuestro sistema electoral está en la base de estas anomalías. Hace demasiado tiempo que resulta escandaloso el uso abusivo de los reales decretos ley por una cuestión de estricta oportunidad política. Lo que el texto constitucional estableció, también, como una figura excepcional de urgencia se ha transformado en algo normal que permite esa perversión que coloquialmente se denomina gobernar a golpe de decreto.

El concepto del asalto al poder por el que una victoria electoral comporta asumir, sin importar la preparación y el mérito, todos los niveles de la administración es algo que alcanza actualmente cotas escandalosas. En este sentido no hay más que ver lo sucedido con la Fiscalía General del Estado y el sometimiento de esta parte del Poder Judicial a la caprichosa voluntad gubernamental. No contentos con ello ahora conseguirán el control del CGPJ, porque situarán en la presidencia a uno de esos juristas que nunca se equivocan, aunque puedan parecer independientes, a la hora de votar lo que la izquierda quiere. La sociedad civil está prácticamente desaparecida, porque la crisis ha debilitado a los empresarios que necesitan el apoyo gubernamental para sobrevivir. El control ideológico se trasladará a la educación en todos los niveles para debilitar al sector privado. Es algo muy coherente con la filosofía que impulsó a los republicanos contra la Iglesia en las dos etapas de izquierdas que sufrió la República. En este caso cuenta, además, con la ventaja de un papa populista como Francisco, que ni está ni se le espera, y una acomodaticia cúpula eclesial.

La aprobación del nuevo estado de alarma es una nueva etapa en este proceso de despotismo constitucional, donde la Carta Magna y sus normas de desarrollo, que se modificarán para adaptarlas a la Nueva Normalidad Política, serán utilizadas para un abuso al servicio de los intereses gubernamentales y los radicales que le apoyan. Una mayoría parlamentaria no es legítima para una mutación constitucional que conduzca a este despotismo como no lo fue durante la Segunda República. Hay un paralelismo inquietante con lo que sucedió entonces por la deriva independentista catalana, el carácter revolucionario del socialismo, el comunismo y el anarquismo, el uso de los escándalos como el estraperlo para forzar, algo similar a la moción de censura de 2018, unas elecciones que expulsaron a la derecha del poder o la deposición de Alcalá Zamora para controlar la jefatura del Estado.