Un Estado iliberal que alarma
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Ni en Francia ni en Bélgica ni en Alemania, se ha recurrido al estado de alarma para eliminar los derechos fundamentales de los ciudadanos durante seis meses, tal y como ha impuesto el rodillo gubernamental, ante el desagrado abstencionista del Partido Popular y la oposición de la derecha populista. El poder ejecutivo quiere controlar al poder judicial –obtenida la fiscalía y enfilado el CGPJ- y pretende amordazar, durante un largo periodo de tiempo, al poder legislativo, evitando la tarea fiscalizadora a la que está obligado el parlamento de la nación en estos momentos en que el gobierno de izquierdas detenta poderes extraordinarios, a costa de la libertad de los españoles.

El estado de alarma tiene unas funciones muy claras y su vigencia tendrá lugar «cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes», según establece la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio de Estados de Alarma, Excepción y Sitio, que establece las competencias y limitaciones correspondientes y recogidos por la Constitución Española en su artículo 116, en el que se establece que el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados.

Estamos ante la paulatina implementación de lo que se ha llamado las «democracias bolivarianas», unos regímenes que no creen en el Estado de derecho, ni en la división de poderes y mucho menos en las alternancias políticas, como afirmó en sede parlamentaria el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, dirigiéndose a los diputados del Partido Popular: «Ustedes han condenado su propio futuro a caminarlo con la ultraderecha. No volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país». La demonización de la discrepancia.

Estamos a las puertas de una democracia iliberal, una democracia sin aparente Estado de derecho, en la que el gobierno actúa con la convicción de que una mayoría parlamentaria les da carta blanca, ejerciendo un control casi total sobre los medios de comunicación, al tiempo que sujetan al poder judicial y provocando una imposible alternancia política. Pareciese que el proceso separatista catalán se ha trasladado de Barcelona a Madrid, donde el principio democrático debería sustentarse en el equilibrio entre la voluntad de la mayoría y el respeto de las reglas al tiempo, pero que pretenden aplastar a las minorías, vulnerando el principio garantista y eliminando la competencia entre partidos al confinar a la oposición a tener un papel irrelevante.

Y mientras el centro derecha es silenciado, las crisis que azotan España parecen desbocadas, amenazando con colapsar nuestra vieja patria. Una crisis sanitaria, con 17 taifas gobernando anárquicamente; una crisis territorial eterna –con Catalunya liderando el triste ranquin de desafección hispana-; una crisis económica durísima; una crisis institucional que afecta la reputación de la Corona y una inminente crisis social. Y todas juntas, pueden provocar un grave estallido de agitación social en las calles, que la izquierda iliberal tal vez no sepa controlar.

El viernes, en Barcelona, Santander, Bilbao, Burgos o Valencia grupos de ciudadanos protestaron por el toque de queda y las nuevas restricciones provocando graves disturbios y decenas de detenciones. El relato de la superioridad moral de la izquierda en cuanto al liderazgo de protestas o reivindicaciones, podría ser eclipsado en las próximas semanas. Un peligroso coctel, que une el hartazgo, el cansancio, el confinamiento y la desesperación que nos está conduciendo a un grave conflicto social.

La izquierda quiere implantar un estado iliberal para controlar las protestas. Gobernando Rajoy, la izquierda hubiese convertido España en un infierno. Alarma.