Presupuestos contra el Estado

El rigor presupuestario lo demostró públicamente ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al anunciar la reducción del IVA de las mascarillas del 21% al 4%, en contra de lo que sostenía el día anterior. No ha sido una decisión meditada, ni mucho menos en beneficio de los contribuyentes –es ya un producto de consumo necesario–, sino obligada por la normativa europea y el nuevo marco legal sobre tipos de IVA propuesto por la Comisión en 2018, y que el Ejecutivo quería saltarse. Así, de la misma manera improvisada y chapucera se han negociado los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en función de los intereses de partido del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y así saldrán adelante. Si para nuestros socios europeos ya era incomprensible que siguieran vigentes los de 2018 –los del Gobierno que Pedro Sánchez tumbó en su moción de censura–, no lo será menos que aprueben con el apoyo de partidos contrarios del orden constitucional y antieuropeos por su concepción identitaria de la ciudadanía, especialmente ERC –con sus dirigentes sentenciados por sedición– y los de Bildu –brazo político de ETA–, formaciones especialmente cultivadas por el vicepresidente Pablo Iglesias. Pero si en cualquier país democrático depender de fuerzas que buscan la desintegración territorial de la nación ya es de por sí nefasto –e impensable–, lo es aún más por cómo se ha negociado este apoyo y a cambio de qué. Todo es secreto, confuso y, lo que ha trascendido, rompe algunos principios constitucionales. En este prolongado trámite, mientras la sociedad española asistía perpleja a la inacción del Gobierno en esta pandemia, el tema del que dependían los PGE y, por consiguiente, las ayudas procedentes de Europa, es si el castellano debe ser lengua vehicular en la educación en toda España. Traslademos este grotesco escenario a cualquier otro país de nuestro entorno, siendo además España el de más mortandad por la pandemia y de peor recuperación económica, y veremos el enorme desastre que el Gobierno de Sánchez está a punto de ejecutar. La situación ha llegado a un límite que ha llevado a algún barón del PSOE –siempre tan cautos–, como el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a decir que ver a Otegi convertido en la figura clave para aprobar los PGE es «una sensación muy dolorosa». «Un fracaso como país», remachó. No está en la ruta política trazada por Sánchez buscar otros consensos que no fueran tan lesivos para nuestra autoestima como país democrático. Está por ver que estos presupuestos sean aceptados en Bruselas y sean la llave para que los 140.000 millones de euros de ayuda lleguen; de lo que ya no hay duda es de que, como anunció ayer mismo Iglesias con su conocida desfachatez, estos partidos serán los que liderarán la «dirección del Estado».