La destrucción del “régimen”

La permanente utilización del término «régimen» para definir a la España surgida de la Constitución no es algo baladí, sino que busca una identificación explícita con la forma con que se denominaba a la dictadura del general Franco. Nunca nada es casual. Hace mucho tiempo que lo utilizan los comunistas de Podemos para descalificar a la Carta Magna, la jefatura del Estado y marchar hacia un proceso constituyente que permita la victoria de la «spanish revolution», a diferencia de lo que sucedió durante la Segunda República y la Guerra Civil.

En este menosprecio de la Transición coinciden, como no podía ser menos, con los independentistas y los bilduetarras. Estos sufridos luchadores antifranquistas, muchos de familias que se beneficiaron del denostado régimen franquista, han tenido una vida holgada y feliz propia de las clases altas, medias y funcionariales. Como me gusta recordar, no provienen de la casta trabajadora y no son, precisamente, muy trabajadores. España es un país que adora los pesebres y las mamandurrias y siento decirlo a pesar de mi patriotismo. Es lo que sucede con una parte muy importante de la intelectualidad progre y lo que ampulosamente llaman la cultura, siempre mirando al gobierno, las autonomías, las diputaciones o los ayuntamientos para recibir alguna sinecura.

Esta idea de vivir del Estado hace tiempo que se ha instalado en una izquierda que encontró en el mundo asociativo un terreno abonado para no pegar palo al agua. Este sistema tan característico como deleznable de exaltación de la mediocridad y de menosprecio del sistema de oposiciones, las profesiones liberales o la vida empresarial se ha enquistado en el «sistema» alumbrando una clase política que es una casta en mayúsculas.

En algunos casos han pasado de los estudios universitarios a colocarse en los aparatos de los partidos y las instituciones, aunque, en otros, eso de estudiar les provoca auténtica aversión y les ha bastado con colocarse en las organizaciones juveniles para iniciar su carrera hacia la poltrona. El subterfugio es poner «estudios de…» lo que conduce al absurdo de matricularse, aunque no se haya superado ninguna asignatura. Se puede decir que han nacido para vivir del erario público.

Hay que reconocer que la perseverancia destructora de la izquierda está produciendo los frutos deseados y nos parece algo normal que se ceda ante los chantajes de los independentistas y los bilduetarras. España ha optado por la más perversa de las profesionalizaciones de la política que no tiene parangón en los países de nuestro entorno. Es verdad que en Estados Unidos pueden llegar a la presidencia, como ha sucedido con Biden, personajes que solo se han dedicado a la política, pero al menos tienen una mayor altura.

El presidente electo lleva desde los 30 años como senador y ahora, a los 77, ha conseguido llegar a la Casa Blanca. En nuestro caso, el tan denostado «régimen» permite su implosión desde dentro. El modelo partitocrático ha generado un conjunto de políticos sumisos que no tienen otra salida que canibalizar las instituciones para garantizarse su supervivencia personal.

Es muy ofensivo cuando se utiliza peyorativamente el concepto régimen por parte de un conjunto de pijo-progres y acomodaticios luchadores por la revolución que quieren imponer la ruptura de España y un sistema autoritario, porque no les gusta nuestra democracia y son fervorosos seguidores de Hugo Chávez y Fidel Castro. Estamos asistiendo a un progresivo debilitamiento del Estado y sus instituciones con el beneplácito de La Moncloa. Lo grave no es que quieran destruir España, porque nunca han escondido que es su objetivo, sino que cuentan con la irresponsable colaboración de una parte del PSOE. Es verdad que hay voces valientes en el socialismo que firman manifiestos o líderes dignos como García-Page que no tragan con el apoyo de Bildu al gobierno. En el otro lado están los que consideran, como dijo Vicente Soler, consejero valenciano de Hacienda, refiriéndose a Bildu, que «si está en el Parlamento es legal y tiene todo el derecho a participar».

El «régimen» de la Transición y la Constitución del 78 está en peligro no por Podemos, ERC, JxCat o Bildu, cuyas pretensiones son muy claras, sino por la actitud inane y colaboracionista del socialismo oficialista que no tiene otro principio que la búsqueda de la supervivencia a cualquier precio. Los valores constitucionales, la ética y los principios están en almoneda a disposición de aquellos que tienen un plan. Hay que tener una visión temporal de lo que está sucediendo y no quedarnos en el cortoplacismo. A pesar de la letal división del centro derecha, el gobierno social-comunista acabará por fenecer y en la memoria colectiva quedarán las cesiones que ha realizado como consecuencia de ese tactismo lamentable. Unas serán reversibles y otras, desgraciadamente, permanecerán. España tienen muchos enemigos internos y la desventura de un socialismo que no está a la altura de las circunstancias histórica, pero sigue siendo una gran nación. Hasta su importancia se puede medir por el odio perseverante de sus enemigos.

No descarto que crezca la corriente crítica o incluso que Sánchez vuelva a la socialdemocracia, aunque en esto soy más pesimista a corto plazo por la dependencia que tiene con su copresidente, Pablo Iglesias. Una de las ventajas del Estado de la Autonomías es que existen bastiones frente a los dinamiteros del régimen del 78 y que el Poder Judicial mantiene, en líneas generales, su independencia. Por ello, más que nunca es fundamental que el PP siga firme frente a la pretensión gubernamental y de sus aliados de renovar el CGPJ. Tras lo sucedido en la Fiscalía General del Estado, en RTVE, la humillación del castellano, la sumisión frente a Podemos o el pacto con los independentistas y los herederos de ETA, España necesita que se mantenga la independencia judicial.