Ni diálogo, ni consenso, ni luz

La educación es tan importante para el bien común que por ello se habla con frecuencia de regularla en el marco de un «Pacto de Estado» no sometido a los vaivenes de las cambiantes coyunturas políticas. En España, sin embargo, ha sido imposible alcanzarlo en la práctica por su intensa ideologización. Lo imposibilita la opuesta concepción entre la «izquierda y la derecha» de la misma libertad para promover centros educativos, y del derecho de los padres a decidir sobre la educación moral y religiosa de sus hijos.

El resultado es que desde 1978 las leyes que rigen nuestro sistema educativo han sido, en la práctica, exclusivamente las socialistas, y así nos va... como recogen los informes PISA y algunos programas de TV con encuestas a jóvenes, que causan preocupación y vergüenza por su ignorancia sobre cuestiones de cultura general. Ahora con la «Ley Celaá» se da un golpe definitivo a la calidad educativa, pretendiendo reducir la escuela concertada a la marginalidad, y eliminando los requisitos para acreditar que se pueda «progresar adecuadamente» de curso.

El objetivo de conseguir una escuela «única, pública y laica» está en el ADN socialista. Tuvieron que renunciar formalmente a él en la Constitución por la correlación de fuerzas existentes, pero tratan de volver sobre el tema «de tapadillo» cuando gobiernan. El intento de considerar a la lengua española, oficial del Estado, como extranjera en comunidades con lenguas cooficiales, es el remate de un infame proyecto elaborado sin consenso, diálogo ni luz: en las tinieblas de la alarma y del confinamiento.