Ni diálogo, ni consenso, ni luz

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel CelaáChema MoyaEFE

La educación es tan importante para el bien común que por ello se habla con frecuencia de regularla en el marco de un «Pacto de Estado» no sometido a los vaivenes de las cambiantes coyunturas políticas. En España, sin embargo, ha sido imposible alcanzarlo en la práctica por su intensa ideologización. Lo imposibilita la opuesta concepción entre la «izquierda y la derecha» de la misma libertad para promover centros educativos, y del derecho de los padres a decidir sobre la educación moral y religiosa de sus hijos.

El resultado es que desde 1978 las leyes que rigen nuestro sistema educativo han sido, en la práctica, exclusivamente las socialistas, y así nos va... como recogen los informes PISA y algunos programas de TV con encuestas a jóvenes, que causan preocupación y vergüenza por su ignorancia sobre cuestiones de cultura general. Ahora con la «Ley Celaá» se da un golpe definitivo a la calidad educativa, pretendiendo reducir la escuela concertada a la marginalidad, y eliminando los requisitos para acreditar que se pueda «progresar adecuadamente» de curso.

El objetivo de conseguir una escuela «única, pública y laica» está en el ADN socialista. Tuvieron que renunciar formalmente a él en la Constitución por la correlación de fuerzas existentes, pero tratan de volver sobre el tema «de tapadillo» cuando gobiernan. El intento de considerar a la lengua española, oficial del Estado, como extranjera en comunidades con lenguas cooficiales, es el remate de un infame proyecto elaborado sin consenso, diálogo ni luz: en las tinieblas de la alarma y del confinamiento.