La ultraderecha son los otros

Sucedió hace tres años. Cuando perdíamos amistades por defender el pluralismo en lo común, la igualdad y la eficiencia, las leyes de todos, nuestros derechos, la Constitución del 78 y la democracia española, que como le explicó Raúl del Pozo al escritor Eduardo Martínez Rico, «aun con su corrupción, sus defectos y sus señales de agotamiento, porque las hay, tienen un esplendor sin igual». Una amiga residente en Cataluña me afeaba en 2017 que en su comunidad hay gente que no habla «la lengua de aquí». La «de aquí», o sea, el idioma materno del 31,6% de los catalanes; frente al castellano, que lo es del 55%. En el parlamento regional la cosa cambia. El catalán es la lengua materna por el 93% de los diputados, el castellano del 7% restante. Cuestión de élites, entonces, con las lenguas como garantes de privilegios y generadoras de ciudadanías de calidad diversa. Siendo el idioma minoritario, el catalán, propio de quienes mejor acceso tienen a las más altas magistraturas políticas y las más golosas sinecuras. El catalán, entonces, opera como aduana que bloquea el ascensor social y perjudica a las clases desfavorecidas, mayoritariamente castellanohablantes. En cuanto a la Ley Celaá, que violenta el texto constitucional e impide la educación bilingüe en Cataluña, recordar que hace muchos años que uno debe acudir al juez, y jugársela delante de la comunidad educativa, señalarse y exponerse al vacío, la agresión y el silencio, si aspira a que sus hijos disfruten de lo establecido por la Constitución («El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla»). El argumento según el cual el castellano ya se aprende en los puticlubs, playas y discotecas resulta tan asqueroso, más allá de que nos tomen por bobos, que no merece mayor comentario. La educación monolingüe, aparte de menoscabar derechos, convierte de facto a los castellanoparlantes en estudiantes de segunda división. Tal y como describen los profesores Jorge Calero y Álvaro Choi, de la Universidad de Barcelona, en su seminal estudio sobre los efectos de la inmersión lingüística, existe «un problema de equidad, que genera “perdedores” de la política de inmersión lingüística en Cataluña». Según los autores la llamada inmersión lingüística tiene «un componente que trasciende los objetivos de calidad del sistema para situarse en otros de índole política, ideológica o identitaria», no está «avalada por evidencia empírica contrastable mediante la evaluación de sus efectos» y la que ellos aportaron, en su estudio pionero, apunta a que estamos ante «un modelo que garantiza un mayor éxito a los catalanoparlantes». Atentar contra la igualdad, impedir que el resto de españoles opten a trabajar en la administración pública local, cultivar el voto cautivo y la competencia desleal entre comunidades, ignorar la realidad social, fomentar políticas claramente etnicistas, pasarse por el forro de tungsteno la Constitución, dar por rasca a los hijos de los obreros, deslomados en las fábricas de la misma burguesía que en 2017 aplaudió un golpe de Estado. En eso anda este PSOE. Pero la ultraderecha son los otros.