El declinar de las libertades civiles

Uno de los efectos más notorios de la crisis provocada por la epidemia del Covid-19 es el que se refiere al declinar de las libertades civiles. Con mayor o menor intensidad, en todos los países se ha impuesto su restricción –e incluso su anulación– a fin de frenar la difusión de la enfermedad limitando, de manera generalizada, la libertad de circulación y residencia, así como reduciendo la libertad de empresa. Un grupo de investigadores liderado por Marcella Alsan, de la Universidad de Harvard, ha realizado un extenso trabajo sobre este asunto a partir de una encuesta a la que han respondido 370.000 personas de quince países, en la que se muestra que el ochenta por ciento de ellas han sido proclives a sacrificar sus derechos individuales a cambio de obtener una protección, difusa e incierta, para su salud. La publicación de esta indagación por el National Bureau of Economic Research de Estados Unidos señala que, con ciertas diferencias nacionales, han sido los ciudadanos preocupados por el riesgo para su salud los mejor dispuestos a la renuncia a esas libertades, a la suspensión de los procedimientos democráticos y a la delegación de las decisiones a los pretendidos expertos en los asuntos epidémicos. Además, se señala la sensibilidad de este intercambio entre libertades y seguridad al tipo de información que reciben las personas, apuntándose así a las posibilidades que, en este terreno, ofrece la manipulación de la opinión pública desde el poder.

Los autores destacan, asimismo, el enorme riesgo que se deriva del proceso epidémico para la libertad. Los derechos civiles, apuntan, no son vistos por la mayoría de la gente como unos «valores sagrados», sino más bien como unos elementos transables que pueden sacrificarse a cambio de promesas de salud. Y, por ello, señalan que la actual crisis puede acabar fortaleciendo los regímenes autocráticos de gobierno y orientando hacia esa configuración a los de carácter democrático que se van debilitando cuando, en la sociedad civil, son pocos los que los defienden. España es, lamentablemente, un caso de este tipo, tal como día a día vamos constatando.