Opinión
El zarandeo judicial
«Que nos digan nuestros políticos de qué manera vamos a afrontar la sustitución de una plaza de juez por jubilación u otras causas en cualquier municipio de provincias». La frase me la apuntaba esta semana un miembro de la judicatura con indisimulada impotencia ante un bloqueo en la renovación del órgano de gobierno que al parecer pretende solventarse por el «artículo 33» limitando la capacidad de acción del Consejo General del Poder Judicial a la hora de afrontar determinados nombramientos. Pero especialmente indicativa resultó en Onda Cero con Alsina la aseveración, casi en un rictus de desesperación, a cargo de María Jesús del Barco, portavoz de la APM: «que los parlamentarios y las señoras presidentas de Senado y Congreso no trasladen su incompetencia o incapacidad para llegar a acuerdos a un órgano constitucional e independiente». Si hay algo por lo que pasaría a la historia esta semana que toca a su fin, eso es el auténtico zarandeo al que se ha visto sometido el poder judicial por parte de una clase política ensimismada en el pedaleo de sus cuitas, su utilización partidista de uno de los tres poderes del Estado, sus bloqueos y su dependencia cada vez más preocupante con la que está cayendo de los termómetros demoscópicos que marcan las temperaturas de la opinión pública. El Congreso de los Diputados volvió a ser escenario de una vergonzante riña de callejón, a propósito del debate a instancias de PSOE y Podemos de la reforma del CGPJ, con aseveraciones desde todos los ángulos y bandas de «golpismo», «fascismo» y demás «lindezas» propias de otros tiempos o de otras latitudes.
La situación pasa probablemente por su momento de mayor tensión entre los poderes ejecutivo y legislativo de un lado y judicial por otro en más de cuatro décadas de democracia. Por eso llegados a este punto, tal vez toque por parte de unos y de otros demostrar verdaderas intenciones en lo relativo a lo que debiera ser la salvaguarda de la división de poderes como primer pilar en un estado libre de derecho. De un lado la parte «atemperada» del gobierno saliendo al paso de esos ataques guerracivilistas a los jueces a cargo de sus socios, pero también de otro un Partido Popular contra quien puede acabar volviéndose como un boomerang la estrategia de manejo de tiempos. No sirven ni excusas ni coyunturas políticas como la cercanía de unos comicios catalanes que el covid podría aplazar. Acaben todos con el zarandeo.
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