La salud de la coalición

La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, hizo lo que pudo con su mejor voluntad. Estaba delante de un grupo de inversores extranjeros (Spain Investors Day) que, quizá, podrían plantearse la posibilidad de arriesgar una parte de su patrimonio personal y del patrimonio de sus empresas para traerlos a España. O bien, si ya lo tenían aquí, podrían estar dudando entre mantenerse en nuestro país o marcharse a otro lugar en el que se pudieran sentir más seguros. Alguien preguntó a la vicepresidenta cuarta por la propuesta de sus compañeros de Gobierno de Podemos para nacionalizar compañías eléctricas o para crear una eléctrica estatal. La señora Ribera rebuscó en su vocabulario en inglés para ofrecer una respuesta que resultara creíble. La vicepresidenta acabó por decir que «no consideramos que algunas de las propuestas de nuestros socios en el Gobierno de coalición, como nacionalizar o crear una compañía pública de energía, sean una buena idea».

Pedro Sánchez había enviado a Teresa Ribera a este foro de inversores extranjeros, igual que envió a la vicepresidenta económica Nadia Calviño, a la ministra de Industria Reyes Maroto, al ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, a la presidenta de Red Eléctrica Beatriz Corredor, a la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya o a la secretaria de Estado de Comercio Xiana Méndez.

El Spain Investors Day empezó el mismo día en el que se cumplía un año de la recordada jornada en la que los miembros del autodenominado «Gobierno de coalición progresista» acudieron al Palacio de la Zarzuela para prometer «lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución». (Solo analizar el cumplimiento de esa promesa daría para escribir otro artículo; o, quizá no diera para tanto porque, en el caso de determinados ministros, el asunto se podría resolver con una palabra monosilábica). Un año después, esta semana, varios centenares de inversores extranjeros atendían telemáticamente a lo que pudieran decir los miembros del Ejecutivo español, dispuestos a dejarse convencer para invertir en nuestro país. Y el presidente del Gobierno tomó la decisión de que ninguno de los ministros que participara en esas jornadas fuese de Podemos. Ninguno de los cinco. Y los ministros que sí participaron se vieron obligados a dedicar una parte de sus intervenciones a desmentir que alguno de los planes económicos de esos cinco ministros vaya a convertirse en decisiones del Gobierno.

En esos mismos días, la ministra de Defensa le dijo a Carlos Alsina que la verdadera intención de sus socios de Gabinete al proponer, por ejemplo, una comisión parlamentaria para investigar a Juan Carlos I era cuestionar las instituciones. La secretaria de Estado Ione Belarra, número dos de Pablo Iglesias, acusó en Twitter a Margarita Robles de aliarse con la derecha y con los ultras. Robles –una vez incluida por Podemos en su interminable lista negra de fascistas– respondió que «creo que la señora Belarra es secretaria de Estado, y creo que trabaja en la vicepresidencia segunda. Cuando quiera que trabajemos conjuntamente, hablamos. Estoy segura de que estará preocupada por la desinfección de las residencias, y en eso trabajaremos juntas». Pero Ione Belarra no podía hacer tal cosa en ese preciso momento, porque estaba tuiteando que el precio de la luz «es como si tú vas a la tienda, compras patatas, puerros, zanahorias y un aguacate –que es lo más caro– y al final, cuando vas a pagar te cobran todo lo que has comprado al precio del aguacate». La culpa es del frutero.

En este primer año de coalición, hay miembros del Gobierno que trabajan –con mejor o peor fortuna– y miembros del Gobierno que tuitean. También se ha podido comprobar que la relación entre quienes trabajan y quienes tuitean no siempre es cordial.

Esta semana se ha roto el Gobierno de coalición en Italia. La parte que se ha ido es la liderada por el ex primer ministro Matteo Renzi, que se despachó diciendo que «si las fuerzas políticas quieren resolver los problemas, que lo hagan ya, sin posponerlos; alguien ha de tener el coraje de decir que el rey está desnudo y si hay que dimitir para eso, se dimite». Y así fue.

No hay previsión de que tal cosa esté a punto de ocurrir en España, a pesar de que nunca se ha cumplido aquella máxima de Pedro Sánchez de que su Ejecutivo tendría «varias voces, pero una sola palabra». El pacto PSOE-Podemos goza de una mala salud de hierro. La coalición ha sabido sumar apoyos para investir al ticket Sánchez-Iglesias y también ha sabido solidificarse con su hábil maniobra política para aprobar los presupuestos del Estado con una amplísima mayoría de izquierda, extrema izquierda, regionalistas, nacionalistas e independentistas, cerrando el paso a la débil y dividida –valga la redundancia– oposición que tiene enfrente. La solidez del pacto es pétrea. El poder une mucho.