Vacunación responsable

La dimisión del anterior JEMAD tras ser acusado –y, al parecer, de forma injusta– de haberse vacunado indebidamente, abre la puerta a un debate muy necesario: determinar cuáles son las instituciones, colectivos, sectores o personas que, por sus características concurrentes, deben ser priorizados en un programa de vacunación. El criterio de «personal de riesgo por razones sanitarias» parece indiscutible, siendo los profesionales de la salud los que asesoren; pero la cuestión a debatir es si ese criterio –exposición al riesgo de los sanitarios y de personas vulnerables– debe ser el único a considerar.

Tras el 8-M estuvieron en cuarentena y de baja por enfermedad derivada del contagio varios miembros del Gobierno. Al margen de la circunstancia en que se produjo aquel imprudente acto, lo cierto es que el Estado no puede quedar sin los responsables de garantizar su funcionamiento por encontrarse en cuarentena y aislados. En algunos sectores, incluso, ni siquiera la posibilidad de actuar telemáticamente es la respuesta adecuada.

Es preciso elaborar el catálogo de instituciones del Estado –comenzando por su Jefatura– cuyos órganos y responsables deben ser preservados de un riesgo innecesario mediante la oportuna vacuna en atención al interés general que tienen el deber de salvaguardar. Dada la urgencia del caso y la conveniencia de un amplio consenso político, una fórmula adecuada podría ser una iniciativa parlamentaria respaldada por un amplio acuerdo en el Congreso. O cualquiera otra, pero ya.