Del ejercicio legítimo de la violencia por el Estado

«Repudiamos toda la violencia, venga de donde venga», frase que hemos escuchado días pasados en miembros del gobierno de España y también en algunos partidos políticos. Es peculiar que se utilice la expresión «toda la violencia» para no dejar ninguna fuera, y el «venga de donde venga» para incluir a todas ellas, evitando hacer mención explícita de la violencia de la que se trata.

Sin embargo, al usar la frase, tan utilizada por simpatizantes de grupos que usaron la violencia, el asesinato, el chantaje y el terrorismo en el pasado reciente o incluso por algunos partidos políticos, nos indica dos cosas: Una, que incluyen la «violencia legítima» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que dirige el propio gobierno, y otra, que se refieren a la violencia de otros partidos políticos que sin embargo brilla por su ausencia.

No es baladí, por tanto, recordar que la Policía ejerce la violencia legítima y legal en nombre del Estado y naturalmente del gobierno, para mantener la seguridad, la justicia y los derechos y libertades de todos los ciudadanos, es decir, la ley y el orden dentro del Estado de Derecho donde existe un único imperio, el de la Ley.

Una democracia que se vea a sí misma como «plena» tiene como condición sine quanon la protección de los derechos y libertades de «todos» los ciudadanos, y naturalmente del Estado de Derecho, sin que ninguna libertad o derecho fundamental esté por encima de los demás derechos y libertades. Una regla de oro en cualquier democracia que se precie, es que la libertad de uno, o unos, termina donde empieza la libertad de otro, u otros. Simple y fácil de entender, pero al parecer difícil de aplicar, al menos en España.

En el ejercicio legítimo de la violencia por parte del Estado, debería existir una condición básica que es la Regla de Enfrentamiento, (Rule of Engagement, ROE, en el mundo anglosajón ) que representa ni más ni menos que el «control político del ejercicio de la violencia legítima» y permite una escalada controlada de la violencia y de los medios a utilizar si la situación lo requiere. Las Unidades de Intervención Policial deberían tener ROEs autorizadas en caso de una acción de control de masas violentas y naturalmente ROEs activadas y las que pueden, en su caso, activarse. Lamentablemente no las tienen.

Es por ello que las Unidades de la Policía se enfrentan a situaciones de guerrilla urbana o violencia callejera con la simples órdenes de «no provocar», de utilizar «solo la defensa» en las piernas y de usar una respuesta «proporcional», incluso el uso limitado de pelotas de goma. Estas órdenes restringen de tal forma la actuación de la Policía que la sitúa en una posición sin capacidad alguna de ejecución, ni libertad suficiente de acción para cumplir la misión encomendada y sin contemplar, en ningún caso, el uso de otros medios como el humo, gases lacrimógenos, cañones de agua o el uso más expeditivo de la defensa en caso de violencia callejera fuera de control, entre otros.

Es digno de especial mención la citada «respuesta proporcional». Si la respuesta de la policía a la provocación de la masa debe ser proporcional, la iniciativa estará siempre en la masa que se sentirá tentada a escalar aún más la violencia, buscando el límite de hasta donde puedan llegar. Esto es un dramático error, la respuesta no puede, ni debe, ser proporcional sino lo suficientemente contundente, contenida y limitada al objetivo de no permitir que la masa escale la violencia de sus acciones.

En definitiva, las Unidades de la Policía tienen que enfrentarse a las masas violentas que se hacen dueñas de la calle, sin instrumentos legales, ni medios adecuados, ni ROEs, porque no existen, para cumplir la misión en nombre del Estado y del gobierno que las dirige. Y lo que es peor, no pueden proteger los derechos y libertades del resto de los ciudadanos que tienen que sufrir los desmanes, destrozos, robos, la violencia y demás acciones extremas, mostrando, desde luego, la imagen de una nación, en la que se dice que goza de democracia plena, es decir del ejercicio asegurado de derechos y libertades, pero que a la vista de los hechos se pone en duda.

En cualquier caso, como es obvio, el gobierno es responsable, por acción o por omisión, de las consecuencias de no haber tomado las medidas necesarias para mantener y asegurar los derechos y libertades de los ciudadanos y de dejar a la Policía sin los medios para asegurarlas. Esa responsabilidad es lo que conlleva el ejercicio, limitado por el ordenamiento constitucional, del poder depositado por los ciudadanos en el gobierno.