Sánchez pone en peligro la recepción de fondos europeos

España es el único país de la Unión Europea donde se ha fiado toda la recuperación al «dinero de Europa». Desafortunadamente, esa actitud pasiva esperando una especie de cheque en blanco que solucione todos nuestros problemas estructurales nos recuerda a lo que pasó en 2009 con los fondos de la UE y el Plan «E». Una oportunidad perdida.

La promesa de crear 800.000 puestos de trabajo en tres años con estos fondos europeos nos recuerda a episodios del pasado. Aún peor, el presidente Sánchez anunciaba un impacto económico que aumentaría un 2,5% el PIB anual. Desafortunadamente, la probabilidad de que estos fondos se usen mal es más que muy alta, es casi una certeza.

El gobierno de España es el único de toda la Unión Europea que ha lanzado una enorme campaña propagandística sin que haya un solo euro del Fondo de Recuperación en marcha.

¿Por qué es tan probable que no funcione? Tenemos la experiencia del Plan de Crecimiento y Empleo de 2009 y del Plan Juncker. Se movilizaron centenares de miles de millones de euros sin impacto real en crecimiento potencial o empleo.

Sabemos también que la ineficiencia de la burocracia española es muy dañina. España es el segundo país que peor maneja los fondos europeos. No solo no se empleó el 67% de los recursos disponibles, sino que el 31% de los proyectos exigidos seguían sin siquiera comprometerse a finales de 2019.

En Europa preocupa mucho que el Real Decreto aprobado por el gobierno haya eliminado los sistemas de control y de transparencia y que todo el proceso de canalización de fondos se dirija desde Moncloa.

Ningún país de Europa ha eliminado controles y transparencia ni situado a la oficina del presidente del gobierno como órgano director de los fondos. El economista Friedrich Leopold Sell calificaba de «poco responsable» entregar a España una cantidad tan alta de recursos ante la inestabilidad política.

Esta falta de transparencia y control hace que el riesgo de que se rechacen muchos de estos fondos en la Comisión de Economía y Finanzas sea muy alto.

Dividir el proceso de presentación y recepción de fondos por ministerios es otro gran riesgo. Sánchez convierte a los ministros en una especie de comisarios políticos que funcionan de barrera y filtro de las ayudas, lo que se convierte en una garantía de ineficiencia y malgasto.

El procedimiento elegido es político, ineficiente, burocrático y garantiza que perdamos muchos de esos fondos en un país que tiene el triste récord de ser uno de los peores en ejecución de ayudas europeas.

Si analizamos la propia documentación presentada por Sánchez, más del 60% de los fondos se utilizarán para actividades sin rentabilidad económica real, para gasto corriente y sin un objetivo claro y transparente.

Una de las cosas que no paran de repetir es que van a hacer una enorme inversión en digitalización. Sin embargo, según Eurostat España ocupó en 2019 el puesto 22 (de 28, ya que se incluía Reino Unido) en nivel de intensidad digital. Solo el 13% de las empresas reflejaron un alto nivel de digitalización. El riesgo de perder la oportunidad es alto cuando en un periodo de tipos de interés negativos, con el Plan Juncker funcionando al 100% y altísima liquidez, la inversión empresarial en Tecnologías de la Información y Comunicaciones se desplomó un 25% ya en 2019 y retrocedió a niveles de 2015, 3.204 millones de euros, según el INE. ¿Por qué? Por los enormes desincentivos fiscales y subidas de impuestos a la inversión y empleo.

El dinero barato y los planes de estímulo europeos encadenados no funcionan como factor impulsor de un cambio tecnológico muy necesario si no se dan los incentivos fiscales a la atracción de empresas e inversión necesarios.

Sin embargo, estos fondos son esenciales para nuestras empresas y nuestra economía. ¿Qué debería hacerse para que se canalizase de manera eficiente?

Primero, nombrar a un equipo independiente de gestores de reconocido prestigio del sector privado para poner en marcha la recopilación y envío de los proyectos. Así lo ha hecho Italia, que lleva muchos meses de adelanto con respecto a España en la configuración de proyectos.

Segundo, contratar a auditoras reconocidas internacionalmente para verificar la calidad y transparencia del proceso.

Tercero, coordinar los proyectos desde las organizaciones empresariales (incluyendo a pymes y autónomos) y originar desde la banca de inversión independiente los mecanismos para agrupar los intereses y proyectos en los que pueden colaborar pequeñas y grandes empresas.

Cuarto, centrar la recopilación de proyectos de inversión en aquellos que estén ya completamente documentados y coordinar desde las consultoras y organizaciones empresariales las acciones para ayudar a las empresas a presentar proyectos bien armados y documentados, con escenarios realistas.

La única forma para que estos fondos funcionen es precisamente hacer lo contrario a lo que ha lanzado Sánchez, desligar el proceso de presentación y reparto de fondos del poder político y del gobierno. Tal y como está planteado ahora, y como refleja el dictamen del Consejo de Estado, el procedimiento de gestión y ejecución de los fondos está plagado de graves insuficiencias de contenido y falta de rigor presupuestario. Un riesgo enorme de convertirse en un mecanismo de reparto de gasto clientelar.