Un gobierno que «se lava las manos»

No basta con que una norma sea legal, sino que tiene que ser proporcional

AMPE ROGERIOEFE

En numerosos artículos me he expresado en contra del abuso en la utilización de la medida excepcional del estado de alarma. Estamos ante una mala práctica jurídica que intenta resolver la incompetencia gubernamental a la hora de establecer un marco legal adecuado. Es bastante evidente para cualquier jurista medianamente avezado que la previsión constitucional responde a una limitación temporal y a unos conceptos tasados. Este despropósito de aprobarla para varios meses y sin un adecuado control parlamentario puede ser legal, pero es una insensatez y una perversión en su uso. No basta con que una norma sea legal, sino que tiene que ser proporcional, coherente y exenta de arbitrariedad. Es bastante obvio que la aplicación gubernamental está carente, desgraciadamente, de estos presupuestos. España lleva más de un año instalada en la excepcionalidad como consecuencia de la pereza gubernamental a la hora de legislar. Al principio de la pandemia recogí las leyes que permiten el mando sanitario único y la limitación de movilidad, pero si existen dudas al respecto o se considera que no es suficiente, lo razonable era cumplir el compromiso adquirido por Sánchez y Calvo de elaborar un marco que sirviera tanto para la situación actual como para pandemias que puedan surgir en el futuro.

Es sorprendente que el gobierno defienda su plan, que es, simplemente, la ausencia de este. El marco normativo, me cuesta utilizar este término ante semejante desbarajuste, que propone es la ley de Sanidad, el decreto de desescalada del pasado verano y las resoluciones de los tribunales. Lo más suave que se puede decir es que es muy poco serio y esperaba más del gobierno. Lo del Consejo «marioneta» Interterritorial de Salud, a lo que se añade el pintoresco equipo del ministerio de Sanidad, es de aurora boreal. Por ello, cabe preguntarse por qué el gobierno se empeña en hacerlo mal teniendo la alternativa de estar a la altura de la mayor crisis que ha vivido nuestro país desde la posguerra. Hay el riesgo objetivo de que nos encontremos con sentencias contradictorias, como sucedió durante el período en que no hubo estado de alarma. Es evidente que la autoridad sanitaria competente corresponde a las comunidades, pero el marco legal tendría que haber sido impulsado por el gobierno. Y qué ha hecho: «Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente». (Mateo 27:24).