Jueces y virólogos

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ocupó buena parte del último mes en hacer ver al presidente del Gobierno la necesidad de mantener en vigor el estado de alarma durante varias semanas más. El objetivo de Emiliano García-Page era sostener las restricciones a la movilidad y dar algo más de tiempo para que el proceso de vacunación avance y sea un parapeto más efectivo para frenar los contagios, hasta reducir la incidencia del virus a unos niveles manejables. García-Page no ha tenido éxito y ha puesto en el aire la advertencia de que, si el fin del estado de alarma provoca una nueva ola de la pandemia, «a algunos les supondrá un adiós». No ha especificado si habla en primera o en tercera persona.

Hace unos meses, cuando aún estábamos en la segunda ola, el propio García-Page lanzó una andanada contra el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, de quien dijo con sorna que había pasado de tener en su mano el mando único de la lucha contra la pandemia a ser un simple «comentarista» de las decisiones que tomaban los demás. Aquello ocurrió cuando la sala de máquinas de Moncloa decidió el verano pasado que a partir de entonces el coste político de gestionar la lucha contra el coronavirus lo asumieran los presidentes autonómicos. Las elecciones del 4 de mayo en Madrid han demostrado que los ciudadanos tienen su propio criterio sobre quién es el responsable.

Del mando único al inicio de la pandemia en marzo de 2020, se pasó al mando múltiple autonómico a partir de la segunda ola en otoño y, de ahí, al gobierno de los jueces que acaba de instaurarse. Porque ahora, con el fin del estado de alarma y sin una norma alternativa que lo sustituya, las decisiones políticas y sanitarias las toman los magistrados de los tribunales superiores de justicia y, en caso de recurso, los jueces del Tribunal Supremo. Por decisión del Gobierno central, la política se lava las manos y traspasa el control de las operaciones a las togas.

La dureza de la pandemia nos ha demostrado a lo largo de tantos meses que ni el mando único de Moncloa, ni los 17 mandos autonómicos con sus contradictorias decisiones han resuelto el problema. Y no es previsible que los jueces, metidos a virólogos y políticos, vayan a tener más efectividad que la necesaria y urgente vacunación masiva. Lo que sí es exigible es que cada institución asuma su responsabilidad, en lugar de delegarla en otras.

Moncloa ha adoptado una decisión escapista, vacía de motivación científica y cargada de motivación política. Sus portavoces han explicado que hay leyes suficientes para adoptar medidas de restricción. Si así fuera, ¿por qué ha sido necesario mantener el estado de alarma durante tantos meses? Esquivar su responsabilidad es el error del Gobierno. Demonizar el estado de alarma es el error de la oposición. Ambos errores pueden ahora tener consecuencias indeseables. Porque el problema no es el estado de alarma, sino el uso o abuso que se haga de esa herramienta legal.