Armonización
La política de impuestos bajos de Madrid acaba de ser refrendada muy mayoritariamente por los ciudadanos en las urnas
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Este viernes, el presidente del Gobierno reunirá en Salamanca a los presidentes autonómicos. Asistirán casi todos, pero no todos. Aquellos que se consideran jefes de Estado solo aceptan reuniones bilaterales y lo más llamativo es que las consiguen. El resto, los presidentes autonómicos que se tienen a sí mismos por presidentes autonómicos, participarán para hacer oír sus quejas, que no son pocas ni todas son contra el Gobierno central.

En los últimos días, varios presidentes socialistas han relanzado su campaña, orquestada desde hace tiempo, contra la política de impuestos bajos de Madrid. Pedro Sánchez ya aceptó la exigencia de Esquerra Republicana para buscar la manera de frenar a Isabel Díaz Ayuso. Con entusiasmo, se sumó el presidente socialista valenciano Ximo Puig, que insiste en su discurso de que el gobierno madrileño saca ventaja de la capitalidad y hace «dumping fiscal», «fracturando a España» en un «procés invisible». La presidenta socialista balear Francina Armengol ha participado en la ofensiva asegurando que «no es justo que una comunidad como Madrid tenga doble financiación por ser la capital y eso vaya en detrimento de otros territorios».

No les falta parte de razón a quienes han lanzado este ataque contra Madrid, si no fuera porque el argumentario tiene lagunas importantes. La primera es que está establecido que las comunidades disfrutan de un cierto margen de autonomía fiscal. Y esa autonomía fiscal se puede utilizar para subir impuestos o para bajarlos. La segunda es que la política de impuestos bajos de Madrid acaba de ser refrendada muy mayoritariamente por los ciudadanos en las urnas. De manera que si se pretende evitar la autonomía fiscal será necesaria una normativa nacional y quien la establezca habrá de asumir el coste político y electoral que eso pueda tener.

Pero, si se adopta esa decisión, sería pertinente preguntar por qué solo hay que armonizar los impuestos. Si de lo que se trata es de cumplir con el artículo 14 de la Constitución, que establece la igualdad entre los españoles, la tarea armonizadora debería abarcar a muchas otras políticas. En el país donde lo políticamente correcto es pregonar la diferencia, solo se exige armonización fiscal.