El caso «Rivas y Montero»

Este caso es de general conocimiento tras cinco años de circo político y mediático, por lo que tan sólo recordaré que enfrenta a una mujer afincada en Granada con su exmarido, italiano y residente en su país, padre de los hijos comunes, con ocasión de su custodia compartida. Hago referencia a la respectiva nacionalidad de los progenitores porque el caso se ha visto afectado también por esa circunstancia, con ribetes quasi patrióticos. Como recordarán, el expediente en cuestión ha pasado por todas las instancias judiciales posibles en Italia y en España, desde el juzgado de instancia hasta el Tribunal Supremo y el Constitucional, incluyendo la Audiencia de Granada. Ante el impacto mediático provocado, se han pronunciado actores políticos de casi todo el arco parlamentario.

Ahora la ministra Montero de Igualdad, tras la última decisión judicial de ejecución de sentencia, cuestiona el fallo aludiendo a que la Justicia emana del pueblo, por lo que ejecutarlo supondría un escándalo para el feminismo y los derechos de las mujeres, entre otras «razones», puesto que «la misión de los órganos constitucionales nunca puede ser la de destruir derechos, sino garantizarlos, en particular los de las mujeres que llevan siglos con ellos pisoteados».

Curiosa «Igualdad» la de la ministra del ramo, que no tiene varones en su equipo, y que intenta presionar a los jueces cuando habla del «patriarcado» judicial y exige una justicia «feminista» suprimiendo la histórica conquista democrática de la presunción de inocencia a los hombres por el mero hecho de serlo. Es el Gobierno feminista.