Armonización fiscal

Cuando en 1983 los magistrados del Constitucional se pronunciaron sobre la LOAPA, dejaron claro que, por respeto a los derechos de los ciudadanos, la idea de armonización en materia competencial de las Comunidades Autónomas no era asimilable a su homogeneización, sino a su ajuste «a unas condiciones básicas comunes». Así se entendió, por cierto, en las dos únicas leyes armonizadoras del sistema fiscal –la del Concierto Económico vasco y la del Acuerdo Económico navarro–, de manera que, en ambas, se enunciaron esas condiciones o principios armonizadores, concretándolos en cuatro elementos: acomodación a la Ley General Tributaria, garantía de la libertad de circulación y establecimiento, uso de las clasificaciones económicas comunes y mantenimiento de una presión fiscal equivalente a la del resto de España. Bajo esos principios, el régimen foral ha venido funcionando hasta ahora sin que a nadie se le ocurriera pensar que los tipos impositivos o las exenciones y bonificaciones fiscales de los Territorios Forales deben igualarse a los de otras regiones españolas.

Pero hete aquí que, en los últimos tiempos, desde la izquierda reaccionaria se pretende romper con esos principios de armonización para entrar en una dinámica de estandarización que haga indistinguibles las singularidades fiscales regionales, emanadas de sus respectivos parlamentos autonómicos o, en el País Vasco, de sus Juntas Generales. Madrid, con su éxito recaudador a partir de una política de reducción del agobio fiscal individual, ha sido tomada como chivo expiatorio, seguramente para ocultar el fracaso de los proponentes de esa política. Sin embargo, esa misma izquierda no es consciente de que, de seguirse esa vía, habría que revisar enteramente la fiscalidad foral, pues no es sostenible que un mismo concepto jurídico-constitucional –el de armonización– tenga dos significados distintos e incluso opuestos. Habría que preguntarles a vascos y navarros si están dispuestos en estos tiempos que corren a que, desde el gobierno central, se trastoque el sistema con el que han venido funcionando desde el siglo XIX y que fue renovado y adaptado al marco de la Constitución de 1978. Ya se ve que cambiar el significado de las palabras es, en esto, es jugar con fuego.