Gobierno anti-ahorro

Una de las medidas fiscales estrella de nuestro gobierno de progreso fue reducir, a partir de este pasado 1 de enero de 2021, el tope de las aportaciones máximas a planes de pensiones fiscalmente bonificadas: éstas pasaron de 8.000 euros a 2.000 euros anuales. Se nos dijo que el Estado estaba desangrándose fiscalmente por esa herida, que sólo las rentas altas se beneficiaban de esta ventaja tributaria y que, además, estaba contribuyendo muy poco en fomentar el ahorro previsional de los españoles. Dejando de lado la escasa solidez de la primera de las críticas (el coste fiscal neto de esta bonificación es bastante reducido, puesto que el Estado deja de recaudar en el corto plazo pero recauda mucho más de lo que lo haría alternativamente cuando el contribuyente procede a rescatar su plan de pensiones), las otras dos preocupaciones sí tenían un cierto fundamento: es verdad que se trataba de un beneficio fiscal aprovechado sobremanera por rentas altas y que, además, no estaba logrando fomentar lo suficiente el ahorro de los españoles. Pero si tales reproches tenían su fundamento –y lo tenían–, el rumbo político a seguir debería haber sido distinto al que se siguió: replantear esta bonificación para que mucha más gente pudiera sacar partido de ella y para que realmente impulsara tanto el ahorro como lo necesitamos. Pero, evidentemente, nada de esto podía estar en la agenda de un gobierno frontalmente anti-ahorro y obsesionado con que cada vez más españoles dependan de las transferencias estatales de renta en lugar de con volverlos cada vez más autosuficientes desde un punto de vista financiero. Así, se optó sin más por erradicar de facto la (ineficiente) bonificación existente sin adoptar ninguna nueva como reemplazo. ¿Resultado? Pues que las aportaciones privadas a planes de pensiones se han desplomado: si entre enero y junio de 2020 (en plena pandemia), los españoles invirtieron 846 millones de euros a este mecanismo de ahorro previsional, entre enero y junio de 2021 apenas lo hicieron en un monto de 79 millones de euros. Un desmoronamiento del 94%. Aquí tienen una prueba, pues, de cómo los incentivos fiscales importan y de cómo un gobierno puede decidir destrozar los escasos incentivos fiscales existentes al ahorro.