Ghali se burla de la justicia española

¡«Ghali Gate»! Al igual que todos los grandes escándalos político-judiciales, el provocado por el jefe de los separatistas habrá encontrado su nombre antológico, ya que su entrada fraudulenta a España y su no menos infame exfiltración, 44 días más tarde hacia Argelia, han socavado los cimientos de las relaciones entre Marruecos y España y han provocado un abismo de desconfianza que se llevó por delante muchos avances realizados por los dos países.

Las responsabilidades están siendo establecidas en España, por la justicia del Estado de derecho y la del propio Estado. Porque además de haber infringido peligrosamente la ley, esta rocambolesca operación ha transgredido también y sobre todo los mínimos de lucidez política y estratégica.

Pero ese no es el epílogo de la obra. Hay otro aspecto que mucha gente pasa por alto, aunque está lleno de enseñanzas.

Cuando ya no era posible escudarse en «razones humanitarias», algunos trataron de ser absueltos por las conclusiones inusualmente apresuradas del poder judicial, basadas en investigaciones cuando menos expeditivas.

De hecho, nos encontramos puntualmente con notas de prensa informando que el Juzgado de Instrucción n°7 de Zaragoza solicitó, el 21 de julio de 2021, una copia de los expedientes administrativos relativos a Brahim Ghali en el marco de la investigación del Juez Rafael Lasala, por delitos no especificados y falsificación de documentos. La Comisaría General de Información de la Policía española anunció, con la mano en el corazón, que había «identificado numerosos documentos, tanto españoles como extranjeros, vinculados a la persona en cuestión y ha realizado todas las comprobaciones habituales». Según la policía española «la condición de residente extranjero y nacional español de Ghali se obtuvo legalmente, sin pruebas de fraude o engaño».

Básicamente, ¡aquí no hay nada que ver! Pero lo importante ha pasado desapercibido.

Esta profusión de conclusiones parciales pone a la luz la falta de escrutinio de los investigadores españoles respecto a las flagrantes contradicciones entre los distintos documentos de identidad de Brahim Ghali. La inaudita multiplicidad de estos documentos debería haber sido una primera señal de alarma. Una cartera de documentos de identidad digna de un agente clandestino: un DNI español (2004), un pasaporte argelino (2003), o un carné de extranjería expedido en España en 2009, por no hablar de un pasaporte de la república que sólo existe en sus quimeras. Las sospechosas fechas de validez de estos documentos delatan una confusa laxitud en la gestión del caso.

Un esfuerzo básico de comprobación habría revelado que Ghali tiene tantas fechas y lugares de nacimiento como documentos de identidad. Incluso cambia la transcripción de su nombre de un documento a otro. También cambia de profesión, pero esto es menos problemático cuando no se tiene una profesión.

Y mientras «la herida estaba aún abierta», Ghali se permite el lujo de salir de España hacia Argelia, desde el aeropuerto de Pamplona, «sin documento alguno que acredite su identidad». Un informe hecho público el 30 de agosto de 2021 tratará de justificar este hecho afirmando que la policía española explicó al Juez de Instrucción que a Brahim Ghali se le permitió salir del territorio español «porque se trataba de una salida voluntaria de acuerdo con la normativa de extranjería, que contempla la posibilidad de salir del país con documentación defectuosa o incluso sin papeles, si no existe prohibición o impedimento de ningún tipo». ¡El ridículo no mata!

En el marco del procedimiento judicial que se sigue en Zaragoza, el Juez de Instrucción decidió el 1 de septiembre citar al ex jefe de gabinete de la ex ministra de Asuntos Exteriores, Camilo Villarino, en calidad de «persona investigada». Se ha hecho público que, durante su comparecencia, el Sr. Villarino confirmó que Arancha González Laya conocía la identidad del paciente que había entrado en España desde Argelia sin control aduanero, afirmando en esencia que Laya le había notificado «que se había decidido admitir a Ghali en España», pero negando que ella misma hubiera tomado esa decisión.

Además, la opinión pública ha podido descubrir, a través de los medios, una conversación Whatsapp entre Camilo Villarino y el Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez, en la que se dan instrucciones a este último para que no someta a Brahim Ghali a ningún procedimiento de control de pasaportes a su llegada.

El Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire también había sido citado el mismo día en calidad de testigo. La citación se produjo tras la declaración del general José Luis Ortiz-Cañavate, jefe de la base aérea de Zaragoza, que había indicado que había recibido una orden telefónica del Cuartel General del Ejército del Aire para que los pasajeros del avión argelino que aterrizó en la base el 18 de abril no pasaran el control de pasaportes, una práctica que vulnera ostensiblemente el procedimiento habitual.

La justicia no debe ser sólo un ideal del que vanagloriarse, sino un principio que se aplica.

¿Por qué tantas contradicciones? ¿Por qué tantas versiones y tantas incoherencias? ¿Por qué tantos personajes para encarnar un solo caso, si no es para ocultar verdades embarazosas a la opinión pública y a la justicia?

Hasta que no revele todos sus secretos, este caso nos recordará la frase de Victor Hugo: «La policía por todas partes, la justicia en ninguna».

Mientras tanto, es difícil pasar página, y los verdaderos instigadores de esta manipulación que tanto daño hizo, «echaron a correr».

Mourad Elajouti, es presidente del Club de Abogados de Marruecos