La anarquía que viene

La novedad más llamativa de las elecciones celebradas en Estados Unidos hace escasamente un mes fue la derrota sin paliativos de los candidatos que en el último año y medio habían apoyado las manifestaciones violentas que arrasaron las ciudades del país. Los derrotados también habían preconizado la reducción de los presupuestos dedicados a la fuerzas de seguridad, cuando no directamente su supresión. Un ejemplo estelar es lo ocurrido en Minneapolis, donde surgió este movimiento en el que la izquierda norteamericana demostró una radicalidad y una insensatez parecida a la del gobierno social comunista español: desde entonces se han dado de baja un tercio de los policías y en las elecciones de hace un mes la propuesta fue rechazada por el 56 por ciento de los electores. Otro tanto ocurrió en Seattle, otra ciudad protagonista de la protesta woke norteamericana y en la que la opción moderada barrió a la de quien redujo el presupuesto de la policía en un 9% en 2020. La mejor prueba de esta voluntad ciudadana de mantenimiento del orden y respeto a la convivencia llegó en la ciudad de Nueva York, donde salió elegido como alcalde un policía que previamente había derrotado en las primarias demócratas a sus adversarios radicales.

En nuestro país los elementos de cambio y de reacción no van tan deprisa como en Estados Unidos. La sociedad, aunque en su conjunto es más progresista, no se desliza tan rápido por la pendiente de la radicalización. Eso sí, aquí y allí las elites dirigentes han abrazado con entusiasmo una misión, que es la de impulsar un cambio cultural de fondo en la sociedad que gobiernan. Este cambio tiene lugar en muy diversos ámbitos. Destaca la justicia, donde aquí y allí estamos asistiendo a un ataque frontal a la independencia del poder judicial por parte de los respectivos gobiernos. Estamos ante la voluntad de instaurar una suerte de justicia revolucionaria. Lo acaba de demostrar –allí– el caso de Kyle Rittenhouse, absuelto por unanimidad por el jurado popular que lo ha juzgado pero que ya fue condenado sin necesidad de juicio por la opinión progresista. En España, asistimos a la sistemática injerencia de los miembros del gobierno en las decisiones judiciales, como en el indulto populista de Juana Rivas, en el que el sesgo de género se impone sobre la ley.

El otro frente es el policial. En Estados Unidos, se quiso reducir los efectivos y los presupuestos. Aquí se tiende al debilitamiento de la capacidad de las fuerzas del orden, lo que provocará el aumento de las manifestaciones y en la interrupción sin control de la convivencia en el espacio público, privatizado en favor de quienes se disponen a utilizarlo a su capricho. Las primeras víctimas de estas nuevas medidas, además de los propios policías, serán los ciudadanos, en particular aquellos cuyo trabajo, o cuyas actividades de ocio, requieren desplazarse por el centro de las ciudades. El proyecto de ley es un ataque directo a las clases medias y populares. La otra gran víctima será un posible gobierno de la derecha. La nueva ley está diseñada para amparar la ola de manifestaciones, desórdenes y violencia que se desencadenará en el preciso instante en el que la izquierda pierda las elecciones. Es el Nuevo Orden, la anarquía que viene.