Ley de inseguridad

Hagamos un poco de política ficción y pongámonos en el caso de que el Partido Popular abandona los instintos suicidas de la derecha cainita y cambia los tiros en el pie por el mensaje de unidad a toda prueba que, junto a un claro programa alternativo debe esgrimir todo partido con vocación de gobierno. Ello daría con la llegada de Pablo Casado a La Moncloa apoyado, no solo por el ímpetu del tsunami Ayuso sino por méritos propios como los mostrados por el parlamentario de primerísimo nivel y sentido de Estado que contemplamos en el reciente debate de Presupuestos y sobre el que poco o nada se habló. Pues bien, si dentro de dos años… o cuando toque, la derecha consigue el retorno al Ejecutivo, la actual coalición social-podemita ya se habrá encargado -y en ello está- de eliminar cualquier posible traba que impida lo que podría llegar a ser el sistemático acoso en la calle contra un nuevo y legítimo gobierno. Era muy gráfica aquella viñeta de humor mostrándonos a un sindicalista comentar que “las cosas están hoy peor que nunca, se van a enterar de lo que somos capaces en la calle en cuanto gane la derecha”.

La nueva ley de seguridad ciudadana en ciernes tiene con la mosca tras la oreja, no solo a la oposición política sino a los propios sindicatos policiales que ven cómo Unidas Podemos y PSOE cortan los últimos flecos de lo que puede ser auténtica barra libre para poner en jaque a un Ejecutivo de signo opuesto por obra y gracia de la toma de las calles, incluso permitiendo bajo el mantra de una mal entendida libertad de expresión, la ejecución de protestas por su supuesto carácter de “espontáneas” o lo que sería igual, el desarrollo de determinados “rodea” el Congreso, La Moncloa o la sede de un determinado partido político, que en ningún caso tendrían hoy marchamo legal alguno. Súmese a ello la intención para que deje de sancionarse la toma de imágenes de operaciones policiales y su difusión, lo que deja todavía más indefensas a las fuerzas de seguridad en un momento en el que el aumento de agresiones que sufren es proporcional a la campaña dirigida hacia su criminalización.

La nueva ley solo parece tener en cuenta supuestos derechos de quienes incendian “espontáneamente” las calles ignorando entre otras cosas la libertad ciudadana de movimientos. Algunos son especialistas en hacer oposición desde la barricada o el acoso y derribo y ya han demostrado en algún período post electoral que mal no se les da. Tome nota el próximo inquilino de La Moncloa.