El 8-M y la vicepresidenta

La Vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, en plena campaña de promoción como nueva lideresa de la izquierda comunista-podemita, ha hecho una declaración que cuando menos debe ser investigada por la gravedad que supone y por proceder de una fuente muy cualificada del mismo Gobierno. Ha afirmado que en las semanas previas al 8-M de 2020 «vio venir» la gravedad del coronavirus y lo dio a conocer. Significativamente, una mujer tan feminista como ella, no acudió a esa manifestación, en la que sí estuvieron diez ministros –y ministras– del Gobierno, casi la mitad del Ejecutivo. Por si eso fuera poco, ha añadido que fue descalificada de «alarmista» por Moncloa, rechazando una «guía para empresas» que, como ministra de Trabajo, había propuesto para hacer frente a la pandemia. «El 15 de febrero convoqué a mi equipo al ver cómo azotaba fuertemente a Italia –que es España, afirmó– y teníamos por tanto que desplegar un montón de medidas, porque veíamos lo que iba a pasar».

Se podrá decir más alto pero no más claro, aunque debió decirlo entonces con la publicidad con que lo afirma ahora. Conviene recordar que no es esta una declaración más procedente del sector comunista del Gobierno para «marcar territorio» en el seno del mismo, como nos tienen acostumbrados últimamente dando la imagen de un Gobierno yuxtapuesto o de dos Gobiernos en uno. Atrás quedan aquellas afirmaciones de que el Ejecutivo sanchista surgido del «pacto del abrazo» entre Sánchez e Iglesias «hablaría siempre con una sola voz».

Es un hecho que esa multitudinaria manifestación en Madrid con el Gobierno al frente precipitó el contagio y la expansión masiva de la Covid-19, afectando entre muchas personas a la misma Vicepresidenta Carmen Calvo, que estuvo ingresada y confinada varias semanas, al igual que Irene Montero, por citar algunas de las muchas personas asistentes contagiadas. Apenas seis días después, el Gobierno decretó el estado de alarma y el confinamiento domiciliario de la población en todo el territorio nacional durante catorce largas semanas (inconstitucionalmente, por cierto).

El bloque político y parlamentario de la moción de censura, tan proclive a crear comisiones de investigación cuando afectan al Gobierno del PP, está obligado a dar ejemplo promoviendo una para dilucidar eventuales responsabilidades políticas derivadas de una decisión muy grave para el bien común e interés general de España y los españoles, al dilatar la adopción de unas medidas contra una pandemia que hasta la fecha ha ocasionado más de ciento veinte mil fallecidos. Sin perjuicio de lo anterior, parece obligada también la actuación de la Fiscalía General del Estado a los efectos oportunos. Aunque: «¿De quién depende? Pues eso».