El grave problema de las pensiones

Nos pasamos la vida trabajando y cotizando. El Estado es un monstruo que tiene una enorme voracidad económica mientras muestra una ofensiva indiferencia hacia los sufridos contribuyentes. La Hacienda pública es una de las instituciones más antiguas de nuestra Historia. Desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días ha sido bastante eficaz, porque los gobiernos han buscado formas, algunas muy imaginativas, para recaudar recursos para sostener guerras, cortes y cargos palaciegos, burocracias al servicio del poder… La presión fiscal ha provocado motines, rebeliones y conflictos diversos, porque los contribuyentes saben muy bien cuándo la exacción es injusta y, por tanto, excesiva. La realidad es que siempre estamos indefensos ante una onerosa voracidad que puede alcanzar niveles confiscatorios. En general, los gobiernos se comportan igual, con algunos matices, porque no hay duda de que la izquierda gestiona mal la economía y sus recetas pasan por pagar más impuestos en lugar de incentivar la actividad para conseguir una mayor recaudación como resultado, precisamente, del crecimiento. El PP y el PSOE han sido incapaces de hacer una reforma fiscal en profundidad que comporte un marco más claro, eficaz y menos confiscatorio.

La influencia del intervencionismo ha sido algo común en los economistas y políticos españoles como consecuencia de esa idea peregrina de exagerar el papel que tiene que tener el Estado como panacea de todos los males. Las pensiones es uno de los problemas estructurales más graves que tiene nuestro sistema económico. Es normal que provoque desazón, porque contribuimos a lo largo de nuestra vida profesional para que el Estado asuma el pago de unas pensiones a las que tenemos derecho. El problema es que hemos creado un Leviatán llamado despilfarro público, porque tampoco se afronta un proceso de reducción de las administraciones para que sean más baratas y eficaces. El gastar mucho no significa que sean mejores. Mucha gente vive con angustia el futuro, ya que temen no poder disponer de una pensión digna. Es lógico que esta incertidumbre lleve, incluso, a anticipar la jubilación para consolidar el derecho. Una mayor eficacia en el gasto público permitiría garantizarlas a largo plazo, pero ya se sabe que este término casa mal con unos políticos que miran demasiado a corto y están dedicados al populismo y la propaganda.