Una eterna cuesta de enero

Los españoles iniciamos el nuevo año con el objetivo prioritario de sortear al virus. Si, como augura la Organización Mundial de la Salud, la pandemia podría terminar en 2022, estaríamos ante el último esfuerzo, después de una larga lista de sacrificios. Ojalá. Pero, en paralelo, cada ciudadano se va a encontrar ante una montaña de dificultades económicas. La primera, los precios.

Ha terminado 2021 con un aumento del IPC del 6,7%. La última vez que estuvimos en un nivel similar gobernaba Felipe González. Al menos dos generaciones de españoles no han visto nada parecido. El gobierno y las autoridades europeas profetizan que este episodio de inflación alta es transitorio, y que en pocos meses los precios se moderarán. Así sea.

Pero, mientras llega ese momento virtuoso, la realidad del día a día va a ser compleja para millones de familias. La tradicional cuesta de enero amenaza con eternizarse, y eso afecta, sobre todo, a las rentas medias y bajas, que ya han sido muy castigadas por los efectos económicos tan negativos que está provocando la crisis sanitaria. Y no estamos, únicamente, ante un aumento desmedido del precio de la energía. Porque, cuando suben la luz y los carburantes, se produce un encarecimiento en cadena de todos los productos básicos. Solo hay que llenar la cesta de la compra un día cualquiera para comprobarlo.

Igual que con la inflación en general, los responsables políticos tratan de animar a la población anunciando una caída del precio del gas –y, como consecuencia, de la energía– para esta próxima primavera. Será estupendo que acierten en sus pronósticos. Pero nadie puede darlo por seguro. El año 2021 ha terminado con una charla telefónica entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos que no ha sido, precisamente, para felicitarse las fiestas. Vladimir Putin ha situado a decenas de miles de sus soldados en la frontera con Ucrania, y acusa a la OTAN de hacer lo mismo. Un conflicto de este tipo, aunque sea solo latente, tenderá a mantener el precio de la energía en niveles muy dañinos para las economías de Occidente. Especialmente, para España, que importa buena parte de la energía que consume.