Ayuso y la natalidad

Por fin un gobierno –el de Isabel Díaz Ayuso– ha decidido afrontar con energía el problema de la natalidad. En España arrastramos una insuficiencia de nacimientos desde hace más de tres décadas sin que desde los poderes públicos se le haya dado importancia. Sin embargo, ese déficit está produciendo ya efectos devastadores sobre la población –por su acelerado envejecimiento–, el mercado de trabajo –por la insuficiencia del relevo generacional– y la economía –por la reducción de su potencial de crecimiento–. Así que, de entrada, hay que considerar muy positivamente la iniciativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, tanto más cuanto sus efectos sólo serán perceptibles a largo plazo, más allá de la legislatura en la que se ha adoptado.

La fecundidad es un fenómeno complejo en el que influyen variables económicas, sociológicas y culturales. Por eso evoluciona lenta e inexorablemente; y por eso también es difícil de revertir, incluso a pesar del deseo generalizado entre las mujeres europeas de tener entre dos y tres hijos, como han evidenciado las encuestas de fecundidad realizadas en los países de este lado del Atlántico. La realidad es, sin embargo, que ese deseo no se ve satisfecho en un amplísimo número de casos. Las medidas del plan Ayuso son potentes sobre todo en dos terrenos: el de las ayudas económicas y fiscales; y el de la ampliación de los servicios de reproducción asistida –a los que es inevitable recurrir cuando la edad reduce la capacidad de las mujeres para ser madres–. También se amplían los servicios y medios educativos en las escuelas infantiles públicas y privadas, aunque, en mi opinión, aquí cabría un esfuerzo mayor, sobre todo para despejar las incertidumbres que genera ahora la disponibilidad de plazas con respecto a la demanda.

Pero donde el plan es insuficiente es en el terreno del reciclaje profesional que necesitarán las futuras madres cuando se reincorporen, tras traer al mundo a sus hijos, al mercado de trabajo. Este campo de las políticas de empleo es de competencia autonómica y debería incorporarse al programa. Lo que queda, además, es incidir en el cambio de la mentalidad empresarial para que la maternidad se perciba como capital humano y no como un coste laboral.