Nueva fase de la legislatura

Cuando termine esta semana sabremos qué reparto de poder político deciden los castellanos y leoneses para su tierra, y podremos hacer lecturas nacionales de una votación autonómica. Esas elecciones suponen el inicio de un ciclo electoral que pronto continuará en Andalucía. Unos días antes, este jueves, los españoles nos libraremos de la penúltima restricción que aún queda en pie por la pandemia: ya no será obligatorio llevar la mascarilla en exteriores. Esta medida (innecesaria, según la mayoría de los expertos) nos acerca al final de la calamidad sanitaria que ya dura dos años, ante la posibilidad de que, si no hay nuevas sorpresas desagradables, la sexta ola sea la última. Y la semana pasada, el Gobierno aprobó su reforma laboral, aunque la metodología de esa victoria fuera como la de un equipo que gana con un gol en fuera de juego y el árbitro se niega a revisar la imagen en el VAR.

Con estos tres episodios –reforma laboral, pandemia en declive e inicio de un ciclo electoral–, la legislatura entra esta semana en una nueva fase. Y Moncloa tiene un primer objetivo que cumplir, si quiere navegar en un mar en relativa calma durante estos dos años que quedan hasta que votemos, siempre que Sánchez agote su mandato: recuperar el pegamento que ha mantenido unidas hasta ahora las piezas del Frankenstein parlamentario que sustenta al Gobierno.

Esquerra, Bildu y PNV abandonaron a Pedro Sánchez en la votación de la reforma laboral, porque el presidente priorizó a partidos tan despreciables para el independentismo como Ciudadanos. Todavía deben estar en shock, porque el presidente pudo perder, y eso hubiera sido un disgusto para Moncloa, pero también para esos socios que votaron en contra pensando que era gratis.

Sin embargo, nada es gratis. Cada decisión tiene sus consecuencias. Y la votación del pasado jueves deja un rastro judicial –porque el voto erróneo de un diputado del PP acabará en el Tribunal Constitucional–, y un rastro político: Sánchez tendrá que seducir de nuevo a los partidos satélites del Gobierno. Eso supondrá un coste para el presidente. Y, previsiblemente, un coste económico para España.