En defensa de la democracia en Cataluña

Ana Losada, Presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, tomó la palabra en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo hace pocos días y dejó clara la fuerza, pero también la desazón que están viviendo las familias que intentan que sus hijos puedan tener también el español como lengua vehicular en la escuela. El acoso –de un nivel de crueldad sin parangón– a la familia de Canet lo fue para intentar asustar al resto de familias y es propio de todos los abusadores políticos en cualquier tiempo y lugar, pero un movimiento civil se ha plantado contra ese estado de cosas con un liderazgo lleno de razón. Es imparable, creo yo.

De hecho reclaman el cumplimiento de la sentencia de 16 de diciembre de 2020 del Tribunal de Justicia de Cataluña que declaró que el español tiene una presencia residual en el sistema educativo catalán y que esa realidad es contraria a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a las leyes orgánicas de educación, o a la jurisprudencia. Después, el recurso de casación de la Generalitat fue rechazado por el Tribunal Supremo que declaró firme la sentencia en noviembre de 2021. Desde entonces el presidente de la Generalitat y el Consejero de Educación han expresado su voluntad de no modificar el sistema, promoviendo tretas para el incumplimiento propio o mediato.

Bajo la retórica de la protección de la lengua catalana se lleva produciendo durante décadas, de forma consciente, la discriminación de personas reales, porque en realidad lo que importa es la imposición de una única manera de identidad política. Bien se ve en el acoso a los jóvenes de S´ha Acabat, bajo la cobardía de las autoridades universitarias que deberían defenderlos sin complejos y proclamar la libertad, o en la hostilidad contra el ejercicio político de otras ideas que las secesionistas en los municipios donde los fanáticos tienen más capacidad de control social.

Echamos la vista atrás y somos conscientes de que durante décadas se ha consentido que la mayoría de las instituciones regionales hayan creado una maquinaria para la imposición lingüística e ideológica.

En el caso de que les guiara el amor a la lengua catalana, y su normalización en el entorno educativo o administrativo, era o es una manera de amar tóxica, porque lo que muestra son rasgos de obsesión para la eliminación de la lengua española de los entornos públicos y educativos.

Es intolerable que desde los poderes públicos se fabrique una política de hostilidad y de actos discriminatorios contra personas reales, niños y niñas, familias, a los que mutilan sus derechos de ciudadanía democrática, al negar que el español también sea lengua vehicular.

Los gobiernos de la nación han sido ciegos primero, y cobardes después, ante la consolidación de un modelo de violación de derechos civiles. De hecho, durante largos años, sólo un puñado de valientes, entre ellos los de la Asociación para la Tolerancia o los de Convivencia Cívica Catalana argumentaron y clamaron contra este estado de cosas en un ambiente que los despreció y en una opinión pública que los ignoró. Pero su constancia fue clave para que en los últimos años se fueran sumando nuevas iniciativas ciudadanas como la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Sociedad Civil Catalana o Impulso Ciudadano que dan visibilidad al gran chantaje político y moral al que está sometido al estado de derecho en Cataluña. Todos esos valientes podrían decir que defender la libertad tiene un coste, pero que vale la pena, porque defender los valores del pluralismo y de la no discriminación por razón de las ideas es seguramente la batalla democrática de fondo más importante en cualquier tiempo y en cualquier lugar que quiera ser o seguir siendo una democracia.

Los valores y principios del Estado de derecho democrático son los que cimentan la Unión Europea, están consignados en los Tratados y la Comisión Europea es, así se proclama, guardiana de los Tratados. De forma directa o indirecta, es pues, un asunto europeo. No puede existir hostilidad desde los poderes públicos contra personas por desear ejercer sus libertades, ni discriminación organizada desde las instituciones públicas en una política de censura nacionalpopulista que se consienta en un rincón de la Unión Europea. Si el gobierno español sigue mirando hacia otro lado, la Comisión Europea deberá actuar y obligar a España a cumplir con los principios y valores que cimentan la Unión Europea.

Para que caigan los velos es importante que una Misión del Parlamento pueda ver sobre el terreno lo que está sucediendo en Cataluña y es importante que la Comisión Europea investigue los hechos de persecución a los jóvenes constitucionalistas. Por eso hemos apoyado la petición de Ana Losada y no cesaremos de solicitar amparo a la Comisión Europea hasta que asuma la gravedad de los hechos que le vamos trasladando.