Proteger la Transición

Los periodos de descanso son un buen momento. Así, sin más y en general, pero, además, si entramos al detalle suponen un espacio ideal para la reflexión. Meditar sobre lo que ha ocurrido, antes de empezar a proyectar lo que vendrá. Planear los septiembres, pero pensando antes durante los agostos. Y, ahora que empieza el mes institucional del reposo y la quietud, es el tiempo perfecto para ponerse a ello. Con el curso político cerrado, recopilamos convulsiones y ritmos vertiginosos, cambios de líderes, proyectos que aspiran a emerger y afianzarse, socios que se han acercado y alejado hasta el agotamiento (propio y ajeno) y vaivenes económicos que han condicionado la actividad legislativa, pero que, también, han dejado espacio para otras normas más ideológicas, impregnadas de más o menos polémica. Y ese ha sido el caso de la Ley de la Memoria Democrática.

Aunque una de las cuestiones que suscitó más controversia durante su tramitación y aprobación fue la de los apoyos parlamentarios que recibió, hay otro asunto, más profundo, que afecta a los soportes democráticos sobre los que hemos construido nuestra convivencia. Formo parte de una generación que nació con la Transición y que, sin saberlo, sin ser conscientes, crecimos al ritmo de un país que avanzaba, que se modernizaba, adentrándose en una nueva etapa de derechos y respeto a las libertades públicas. Estoy convencida de que fue un regalo que recibimos. Y, aunque cada tiempo tiene sus características y la nostalgia no tiene cabida en política, sí es necesario mirar atrás con la certeza de que lo que se observa no ha sido modificado por un juego de espejos que distorsionan lo que ocurrió. ¿Cómo es posible que una norma de 2022 puede reescribir lo que sucedió más de cuatro décadas antes? ¿Es lícito o pertinente revisar lo ya consolidado?

Aunque la memoria y el pasado resultan con frecuencia asuntos dúctiles, haríamos bien en recurrir a esa clara diferencia que el periodismo anglosajón marca entre los hechos y las opiniones para evitar confusiones innecesarias sobre nuestra historia más reciente. Pretender extender el periodo predemocrático hasta 1983 representa una ofensa al patrimonio intangible español que impresionó al mundo a final de los 70. A veces las etapas se construyen con un pegamento invisible, con un afán compartido que impulsa; otras, en cambio, se sostienen a la contra, en negativo, pero lanzarse a deconstruir la certeza ya afianzada y desvirtuarla implica dar un paso más. Por todo lo recibido, deberíamos activar nuestra obligación cívica de salvaguardar y proteger el legado de la Transición. Hagámoslo ahora, sin esperar más, incluso en este mes inhábil.