El Gobierno, entre la imposición y el error

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tuvo ayer, en la popular festividad de la Virgen de la Paloma, duras palabras a cuenta del decreto de ahorro energético del Gobierno, al que tildó de «arbitrario», «autoritario» y «chapucero», y del que anunció su decisión de elevarlo al Tribunal Constitucional por supuesta intromisión en las competencias autonómicas que regulan las actividades comerciales.

No vamos a entrar en los términos empleados por la presidenta madrileña –no más gruesos, por otro lado, que los que vienen siendo habituales entre los distintos portavoces gubernamentales para referirse a la oposición–, pero sí en el fondo de su denuncia, que incide en unos comportamientos del Ejecutivo demasiado marcados por la improvisación, pero, también, por la necesidad de copar la agenda mediática en un momento de desgaste político, como el que reflejan tozudamente todas las encuestas.

Por supuesto, no se trata sólo de valorar la supuesta eficacia de las medidas de ahorro propuestas, que la mayoría de los especialistas en la materia ponen en duda, como de la imposición de un decreto que, fundamentalmente, tenía que afectar al comercio y a la hostelería en un período crítico del año para la economía española, como es la alta temporada turística, sin consulta previa con el sector y, lo que es más significativo, sin acuerdo alguno con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son las administraciones responsables más directas de esas actividades.

Una decisión tomada a horas intempestivas por el Consejo de Ministros y que, como en otras muchas ocasiones, trataba de diluir la propia responsabilidad en unas supuestas directrices de la Comisión Europea. Digamos, pues, que lo que denuncia Isabel Díaz Ayuso es evidente y que sólo la obediencia partidaria de algunas autonomías ha impedido una protesta general. No es la primera vez que nuestro Gobierno se encuentra entre la imposición y el error, como demostraría un sucinto repaso a las hemerotecas en los años de la pandemia, al menos, hasta que desde La Moncloa se decidió dejar en manos de las autonomías la lucha contra la infección.

Con todo, el problema mayor, de fondo, es la falta de una política energética digna de ese nombre. Porque el hecho, también evidente, es que la estrategia en el campo de la energía viene siendo condicionada en exceso por planteamientos ideológicos, además, previos, que las circunstancias actuales obligan a revisar, como están haciendo la mayoría de nuestros socios comunitarios. Que el mismo Gobierno que rechazaba hace unos meses la ampliación, por citar un ejemplo, de las conexiones gasísticas de España con el resto de Europa, se apunte, a lomos de la entusiasta propaganda, al «milagro» de los gaseoductos, no sabemos si puede calificarse de «chapucero», pero, sin duda, no de previsor.