Armonizando

Una de las artes más celebradas en política es encontrar el eufemismo adecuado para evitar palabras comprometidas. Cuando se nos vino encima la crisis financiera de 2008, el gobierno socialista de la época sorteó el vocablo «crisis» con la expresión «desaceleración transitoria». El gobierno popular posterior entendió que la emigración de jóvenes en busca de empleo era, en realidad, «movilidad exterior». Si la economía decrecía, es que estábamos en «crecimiento negativo». Los recortes eran «reformas estructurales». Los apaños para esquivar a los tribunales se convertían en «indemnizaciones en diferido». El rescate bancario fue un «préstamo en condiciones muy favorables». Y en este plan.

La última aportación al mundo del eufemismo es eludir la «recentralización» de los impuestos autonómicos, calificándola como «armonización», que, al parecer, tiene mejor encaje en el mundo de yupi en el que nos hemos instalado. Según el estándar actual, es bueno (y progresista) que la administración general del Estado entregue competencias a las autonomías, pero es malo (y reaccionario) que se las retire. Y es bueno (y progresista) una competición autonómica para subir los impuestos, pero es mala (y reaccionaria) una competición para bajarlos. Como resultado, el gobierno independentista catalán, que ha decretado los impuestos más altos de España, se niega a que Moncloa recentralice su competencia fiscal autonómica, pero sí exige que se armonice. Es decir: que el gobierno central deje a la Generalitat subir impuestos, pero impida bajarlos a Madrid o Andalucía.

Hay sentido común en la idea (centralizadora) de que todos los españoles estemos sometidos a una misma presión fiscal. Y, por tanto, armonizar esa materia sería positivo. Pero si aplicamos el artículo 14 de la Constitución, que establece que «todos los españoles son iguales», podríamos armonizar también las competencias sanitarias y educativas, que son la base de la igualdad tanto o más que los impuestos, en lugar de que cada autonomía convierta su capa en un sayo, y en unas comunidades haya servicios mucho mejores que en otras. Pero esa opción se ha convertido en anatema para la política española. Las muchas bondades de nuestro sistema autonómico han sido bien glosadas, pero de las disfunciones no se puede hablar.