La responsabilidad de Montero y de otros

El efecto de ese desatino conocido como ley del «solo sí es sí» lleva camino de una veintena de revisiones de condena de delincuentes sexuales, con algunas excarcelaciones incluidas. En los juzgados o en los despachos de los letrados defensores se apilan decenas y decenas de recursos que intentarán aprovechar la oportunidad brindada por la impericia legislativo que pasará a la historia de la negligencia política y parlamentaria. El escándalo ha alcanzado tal estruendo y tal nivel de impacto en la opinión pública, pues los condenados por algunos de los crímenes más dolorosos y mediáticos, como el de La Manada o el Colegio Valdeluz, podrían verse beneficiados, que el bloque Frankenstein, incluido el entorno de Podemos y Más Madrid, ha marcado distancias con Irene Montero y el núcleo duro del partido morado. En el mejor de los casos, que ya lo dice todo sobre el grado de empatía y respaldo, ha habido un silencio harto significativo como el de Yolanda Díaz y ayer también el de Pedro Sánchez, que delata en buena medida sus intenciones.

La estimación del daño político y electoral ha removido posiciones y discursos, si bien con cuentagotas, y la mayoría gubernamental no está dispuesta a quemarse en la pira de la conspiración judicial de Irene Montero, Ione Belarra, Pablo Echenique, Pablo Iglesias y compañía. Todos estos y los corifeos habituales han pretendido convencer a los españoles estupefactos que los más de 5.000 jueces que hay en nuestro país se han confabulado para boicotear el proyecto y que lo han hecho porque son machistas y fachas. Escrito negro sobre blanco casi parece más ridículo que el oprobio causado en las últimas horas por esos portavoces podemitas con su linchamiento contra la judicatura sin que nadie del Ejecutivo, salvo Margarita Robles, haya censurado la barbaridad en defensa de un poder del Estado maltratado por otro. Conviene, en todo caso, poner las cosas en su lugar y no caer bajo el influjo del embeleco de quien está recogiendo velas a toda prisa. El Ministerio de Igualdad es culpable, sin duda, y el pliego de cargos para una dimisión cuasi colectiva de sus altos cargos resulta incuestionable. Pero hay más responsables. Los integrantes del consejo de ministros que avalaron una ley deficiente pese a la pila de advertencias sobre sus consecuencias. Todos ellos, algunos jueces, contribuyeron al escenario dramático presente sin que hasta la fecha siquiera hayan tenido la dignidad de reconocer el yerro y disculparse.

Como tampoco los centenares de diputados y senadores que refrendaron con entusiasmo el texto legal como un gran avance... y que lo ha sido para los depredadores sexuales que recorren de nuevo las calles. Que ni uno solo de sus señorías haya pedido perdón a las víctimas lo dice todo, más allá de que se haya constatado de nuevo el mejorable momento del parlamentarismo español. Montero debe ser apartada, pero el infierno en el que han sumido a familias que ya fueron destrozadas exige al menos que el presidente dé la cara.