Situación límite

El pasado día 7 ya alertábamos de que el ruido político y mediático del momento era debido a la batalla por conseguir el objetivo prioritario de Sánchez: tener bajo su control al máximo intérprete de la Constitución, el TC. Ahora esa estrategia ha quedado totalmente al descubierto al proponer la renovación que corresponde al Gobierno para dicho Tribunal sin siquiera esperar a la propuesta del CGPJ, que debe conformarla conjuntamente.

El TC está integrado por 12 magistrados con un mandato de 9 años, y es renovado en una tercera parte de sus miembros cada tres años por mayoría de 3/5 a propuesta, por turnos, del Congreso, del Senado, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Ahora corresponde la renovación de estos últimos magistrados y es lo que ha generado esta decisiva polémica.

Al proponer unilateralmente Sánchez a sus dos candidatos, rompe con la tradición de efectuar una propuesta simultánea y conjunta por los órganos de gobierno Ejecutivo y Judicial. Esto supone, en la actual situación, una presión sobre el CGPJ para que haga la suya, bloqueado ante la incapacidad de llegar en su seno a una candidatura de consenso entre el sector «conservador» y el «progresista».

El problema de fondo radica en que Sánchez quiere tener un TC que avale su política de pactos con el secesionismo catalán y vasco –ERC y Bildu, con el PNV siempre en la retaguardia– mediante la «constitucionalización» de sus indultos, su sedición, su política lingüística con el catalán y sus referéndums, que significaría en la práctica desapoderar absolutamente al Estado ante uno nuevo procés en Cataluña y otro «plan Ibarretxe» en el País Vasco.

Los nombres elegidos no dejan margen de duda al respecto, siendo Juan Carlos Campo un magistrado con una larga trayectoria política siempre de la mano del PSOE que, como ministro de Justicia y diputado socialista, anunció en el Congreso un «proceso constituyente», mientras gestionaba los indultos a los secesionistas catalanes. Su compañera de candidatura es Laura Díez, catedrática de Derecho Constitucional con también larga carrera política de la mano del PSC en la Generalitat y La Moncloa, y clara partidaria de las tesis de un referéndum «pactado» que culmine un nuevo procés, este ya «desjudicializado» fuera del Código Penal y con impunidad asegurada.

Este último paso es tan evidente y peligroso para la misma pervivencia de la unidad nacional, que solo puede negarlo quien no quiera ver la realidad de los hechos. El PSOE, convertido ya en partido sanchista, tiene la responsabilidad histórica de ser el instrumento en manos de Sánchez para esta extrema felonía contra España.