Pedro Castillo estuvo durante días preparando su autogolpe de Estado reuniéndose con unos y otros para ganar adeptos a su disparatada aventura. Mantuvo contactos infructuosos con los poderes fácticos de Lima. La primera señal de que su intento de disolver el Parlamento estaba condenado al fracaso fue la dimisión del lunes del jefe de las Fuerzas Armadas, Walter Alleman. Perú de 2022 no es el mismo de 1992. Alguien se lo debería haber dicho al maestro de escuela rural. Hace 30 años, Alberto Fujimori logró hacerse con un poder absoluto tras conseguir el respaldo de los cuarteles. Pero en aquel momento, Fujimori gozaba de gran popularidad gracias a sus avances en la lucha contra la guerrilla comunista de Sendero Luminoso. No obstante, terminó condenado a 25 años de prisión por múltiples delitos y ahora se encuentra en arresto domiciliario. Perú atraviesa una profunda crisis institucional con ocho presidentes desde 2011, pero, a pesar de ello ha logrado resistir a este intento de involución democrática. Un Ejército moderno del siglo XXI no puede prestarse a las veleidades autoritarias de un presidente que nunca se hizo con el poder real. Los diputados también han sabido mantenerse firmes ante el intento de subvertir el orden constitucional. Y eso es una buena noticia para un país que está sumergido en una profunda parálisis política. Todos los presidentes desde 1990 han sido investigados o encarcelados. El ex presidente Alejandro Toledo huyó a Estados Unidos y permanece en libertad bajo fianza; Alan García se suicidó en 2019 cuando estaba a punto de iniciarse una investigación por corrupción por el escándalo de Odebrecht; Ollanta Humala, estuvo en prisión preventiva; Pedro Pablo Kuczynski se encuentra en arresto domiciliario y Martín Vizcarra está bajo investigación.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Pedro Castillo y miembros nucleares de su familia llevan meses siendo investigados tras reiteradas acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. La falta de experiencia política del ex presidente se ha traducido en una administración caótica, con decenas de cambios en el gabinete desde que asumió el poder en julio de 2021 y un gobierno que permanecía en gran medida bloqueado por su enfrentamiento con el Parlamento. Los expertos aseguran que lo único que diferenciaba la corrupción del maestro rural a la de sus predecesores era la escala. Castillo no ha negociado con Odebrecht (empresa brasileña acusada de haber corrompido a muchos políticos sudamericanos en casi todos los países), pero sí ha seguido las mismas prácticas de soborno en la promoción de cargos y en la adjudicación de obras públicas. Castillo que llegó al poder a lomos del populismo contra la corrupción del «establishment» se ha dedicado a dirigir -según la acusación de la Fiscalía peruana- una organización criminal desde dentro del palacio presidencial. Perú está abocado a unas nuevas elecciones para salir de este agujero negro. Los peruanos deberían desconfiar de los «outsiders» que llegan subidos en un caballo blanco y prometen desde la impostura un nuevo comienzo. La fragmentación política ha puesto en riesgo las instituciones democráticas, por lo que se necesita alcanzar un consenso mínimo que garantice la gobernabilidad de la que un día fue una de las economías más sólidas del continente iberoamericano.