Ánimo de lucro (político)

En cuestión de días, los líderes independentistas dejarán de ser jurídicamente sediciosos por decisión del Gobierno y refrendo de la mayoría parlamentaria que lo sostiene. En paralelo, florecerá la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya para que esos líderes independentistas, que también fueron condenados por malversación, sean ahora considerados Robin Hood: ladrones por una supuesta buena causa.

Una vez que esté en vigor la nueva norma, aquel cargo político que haya robado dinero del contribuyente para quedárselo seguirá siendo un corrupto malversador. Por el contrario, aquel cargo político que haya robado dinero del contribuyente para saltarse la Constitución, aprobar normas ilegales, convocar un referéndum prohibido y proclamar la independencia de una parte del territorio nacional provocando una grave crisis política y de orden público será un ciudadano respetable. Se castigará duramente, como hasta ahora, el ánimo de lucro personal, mientras que el ánimo de lucro político solo tendrá como pena una cariñosa regañina.

Establecer que hay dos formas distintas de robar resulta algo atrevido, especialmente cuando el criterio lo establece una de las partes interesadas: el que robó. El Gobierno da carta blanca a los líderes independentistas para hacer algo que todos los ciudadanos reclamamos: tener la opción de decidir qué pena se nos aplica si cometemos una infracción o un delito. Dado que todos somos iguales ante la ley (artículo 14 de la Constitución), podemos dar por seguro que de inmediato Moncloa aplicará ese mismo criterio a cada ciudadano español, de tal manera que cuando un conductor sea denunciado por exceso de velocidad, sea ese mismo conductor el que decida la cuantía de la multa a pagar, igual que los líderes independentistas van a establecer la pena que les corresponde por malversar el dinero de todos, después de que les eliminen el delito de sedición y de disfrutar de un indulto. De la misma forma, los condenados por la trama Gürtel o por los ERE fraudulentos reclamarán su legítimo derecho a ser tratados con igual delicadeza que los independentistas catalanes, para decidir por sí mismos el castigo que deben asumir. No hay mejor sistema para animar a los malversadores a seguir ejerciendo.