Tomás Gómez
Las migajas de Junqueras
La reforma de los delitos de sedición y malversación para lograr el apoyo del independentismo catalán en lo que queda de legislatura tiene un error de partida y numerosos efectos colaterales.
La reforma de los delitos de sedición y malversación para lograr el apoyo del independentismo catalán en lo que queda de legislatura tiene un error de partida y numerosos efectos colaterales.
El Gobierno ha argumentado que es para desinflamar la cuestión catalana. Sin embargo, ERC no ha renunciado a su objetivo máximo de lograr la secesión, sencillamente lo ha aplazado.
Si Sánchez claudicase y les concediese la independencia, argumentaría que ha pacificado el conflicto catalán. Esa es su extraña manera de tapar sus errores.
Rebajar tensión en Cataluña requiere que todas las partes cedan y no es el caso. ERC no ha cedido en nada, considera barato desarmar el Estado de Derecho a cambio de unos cuantos votos en el Congreso de los Diputados. Realmente lo es, por lo que, sensu contrario, resulta muy caro para el constitucionalismo.
Sánchez confunde las necesidades privadas con las públicas. Requiere del apoyo parlamentario de todo el bloque de investidura para no tener la necesidad de adelantar las elecciones y ganar el tiempo suficiente para intentar fortalecerse, está dispuesto a pagar caro.
Pero él no es el Estado y entender el apoyo parlamentario a su persona como una contrapartida adecuada a las cesiones realizadas es un error fatal. Cuando se produzcan las próximas elecciones, si Sánchez logra ser investido nuevamente presidente de Gobierno, necesitará el apoyo de los independentistas, entonces la exigencia será realizar una consulta, es el próximo episodio.
Si el líder socialista los necesita, cederá. También podría ocurrir, aunque sea improbable, que reciba el suficiente apoyo en las urnas como para no depender de ellos. Entonces será demasiado tarde, porque la tensión aumentará pero habrá menos instrumentos políticos y judiciales para hacer frente a las agresiones a la ordenación territorial que enmarca la Constitución.
Sánchez está acostumbrado a hacer cosas diferentes a las que dice. Pactó con Podemos cuando había asegurado que no lo haría, calificó como rebelión los incidentes de octubre de 2017 en Cataluña y propuso recrudecer las penas por ese tipo de actos.
Las contradicciones no le han traído consecuencias hasta el momento, pero cambiar el ordenamiento jurídico ad hoc, para que salgan beneficiados penalmente treinta ex altos cargos relacionados con el 1-O, es harina de otro costal.
Junqueras puede estar orgulloso, por unas migajas ha obtenido una buena rebanada. Ni siquiera ha tenido que engañar a Sánchez, solo le ha mostrado el atajo para seguir unos meses en el Palacio de la Moncloa.
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