No hay precedentes de una polémica como la generada por el ataque de la actual mayoría del Congreso –el conocido como «bloque político de la moción de censura», que llevó a Sánchez a la presidencia con 84 diputados– al limitar derechos fundamentales de la minoría parlamentaria. La situación la ha provocado la elección por parte del Gobierno de una vía totalmente inadecuada para reformar la LOPJ y la LO del TC, como son las meras enmiendas a otra proposición de ley para reformar el Código Penal, con la subsiguiente suspensión de la tramitación ordenada por el TC.

«Especialistas» en Derecho Parlamentario y Constitucional surgidos como setas tras la tormenta, intentan ahora arrastrar el ascua a la sardina del Gobierno con argumentos «a la carta», que son tan reiterados como totalmente falsos e inexactos. Uno de ellos es la utilización del término «caducados» para referirse al presuntamente extinguido mandato de algunos magistrados, no siendo así en absoluto, pues está prorrogado por orden de la Ley Orgánica del TC. Precisamente esta Ley quiere evitar que el TC quede sin capacidad de actuar en caso de que los partidos no hayan proveído de los correspondientes sustitutos, y por eso los magistrados del Tribunal de Garantías no pueden abandonar su puesto hasta no ser reemplazados, y los prorrogados tienen las mismas competencias que los restantes. Asimismo, se habla de dos magistrados «conservadores» caducados, cuando hay exactamente dos del otro sector en análoga situación. Una media verdad suele ser una doble falsedad, y conviene no olvidarlo. Otra inexactitud o falsedad utilizada es afirmar que se ha recurrido una ley por eventual inconstitucionalidad antes de ser aprobada. Sin embargo, lo recurrido ha sido únicamente el procedimiento utilizado, como ya hemos comentado.

Otra tergiversación es afirmar que los magistrados con mandato «caducado» han sido «juez y parte» en su proceso y que deberían haberse abstenido en la votación. La aclaración anterior ya responde a esta falsa acusación, sin perjuicio de que en esa hipótesis hubieran debido abstenerse no dos, sino cuatro magistrados. Aunque tampoco, porque quienes pidieron su abstención no estaban legitimados en el procedimiento que fue la causa invocada para no aceptar el Tribunal su petición.

Podríamos seguir precisando falsos argumentos que están manipulando la opinión pública hasta el extremo de haber hablado de «golpe institucional», «golpe a la democracia», «golpe a la soberanía nacional», etc., con tanta reiteración como irresponsabilidad por parte del Gobierno y sus aliados parlamentarios, a los que el golpismo les resulta excesivamente familiar. Y, por cierto, no solo por su inadmisible lenguaje.