Una ley mal hecha

Primero se nos dijo que ningún delincuente sexual vería reducida su condena en aplicación de la ley del «solo sí es sí». Después, que los jueces eran machistas y fachas con toga. A continuación, se nos aseguró que, en realidad, el objetivo de la ley no era punitivo. Tiempo después, el Ministerio de Igualdad estableció que los medios de comunicación no debían informar de las reducciones de pena ni de las salidas de prisión, porque eso atemorizaba a las mujeres. Incluso algunas responsables de ese ministerio bromearon en público sobre los «cientos de violadores» que sus rivales políticos decían que saldrían de la cárcel. El pasado viernes, cuando el número de agresores sexuales beneficiados por la norma se acercaba ya a los 300, la ministra Irene Montero insistía en que la «ley es sólida». Pero veinticuatro horas después, Moncloa filtraba a medios afines su determinación de reformar esa ley tan sólida, ante la evidencia de que está mal hecha.

Porque ese es el problema: la ley del «solo sí es sí» se elaboró con más ideología y oportunismo político que capacidad técnico jurídica. Eso es lo que pasa cuando se entrega el mando a quienes no tienen preparación para ejercerlo; cuando los cargos se eligen por cuotas de partido o por ofrecer determinada imagen, y no por la capacidad demostrada en una carrera profesional y política incuestionable. Véase lo que ocurre en la coalición PP-Vox en Castilla y León.

Esta era una de las leyes estrella del Gobierno de Sánchez y, sin duda, el gran trofeo que Podemos pretendía enarbolar para defender que su presencia en el Consejo de Ministros sirve para algo más que para figurar y poner en aprietos a sus socios del PSOE.

Ahora, el fracaso sitúa a cada cual en el lugar que le corresponde. Al Ministerio de Igualdad en la lista de departamentos fracasados de la legislatura. No es el único. Ni tampoco es el único responsable de lo ocurrido. Porque, ¿dónde estaba el ministerio de Justicia? Y, ¿dónde estaba Moncloa? La ley la aprobaron todos los miembros del Consejo de Ministros. Todos. ¿Asumirá alguien la responsabilidad política?