Los aforamientos son corrupción

La propia etimología de la palabra «fuero», prima hermana de ese término de moda que es «aforamiento», señala que es un «privilegio», una «exención» o una «prebenda», es decir, que casa muy malamente con ese principio fundamental en un Estado de Derecho que es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Para situar el origen de esta figura jurídica hay que retrotraerse a la Edad Media: se concibió para proteger a los parlamentarios del poder omnipotente del rey de turno. El aforamiento se consagró legalmente en España por primera vez en la Constitución pero no en la democratiquísima de 1978 sino en la de un siglo antes, la de 1876 concretamente. Lo cual retrata a las mil maravillas de qué estamos hablando, una antigualla más típica de regímenes feudales que de sociedades modernas en las que nadie ostenta más derechos que otro por el hecho de haber nacido en una cuna determinada u ostentar un cargo. En España existen la friolera de 250.000 aforados, de ellos 233.000 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Los 17.000 restantes son jueces, fiscales, altos representantes institucionales y políticos y politicastros varios. Dos mil de ellos, que se dice pronto, pertenecen a estas dos últimas categorías. Desde el presidente del Gobierno hasta el último de sus ministros, pasando por diputados y senadores, además de todos los cargos electos autonómicos. En fin, todo pichipata está blindado judicialmente. Una auténtica burla al resto de los ciudadanos y un desprecio estratosférico al juez natural predeterminado por la ley. Pedro Sánchez, el corrupto y mentiroso Pedro Sánchez, prometió en 2016 que «acabaría» con los aforamientos «de diputados, senadores y miembros de las cámaras autonómicas». «Es imprescindible», razonó, «para que los españoles vuelvan a creer en la política». Ya en el poder, en 2018 para ser exactos, volvió a anunciar que los suprimiría pero sólo para delitos ajenos al cargo. Menos da una piedra. La enésima trola del autócrata pinochesco, toda vez que no ha cumplido ni el programa de máximos ni el de mínimos. El caso Cerdán y el caso Ábalos, que en el fondo son el caso Sánchez, han puesto de relieve por enésima vez el anacronismo que supone que a los políticos nacionales los juzgue el Supremo y a los autonómicos su propio Tribunal Superior, compuestos por magistrados que han nombrado esos mismos políticos a través de sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial o mediante el dedazo de la Administración regional respectiva. El diputado Ábalos ha tenido año y medio para destruir pruebas, los que han pasado entre la detención de Koldo García y el registro de su vivienda valenciana hace 11 días. Santos Cerdán sabía que la UCO le pisaba los talones, para empezar, porque en mayo adelantamos en Okdiario que su cuate Koldo le había grabado «hablando de comisiones». Y, para terminar porque, cuando se hizo público el informe de la UCO, disfrutó de cinco días para echar mano de la trituradora de papeles y para darle a la tecla «borrar» de su email, su whatsapp y su Signal. Los exactitos cinco días que tardó en renunciar al acta de diputado y, consecuentemente, al fuero. De la misma manera que el registro de ayer en Ferraz es tiempo perdido porque Cerdán y su cuadrilla de malhechores orgánicos han gozado de semanas para destruir todo rastro criminal. Conclusión: los aforamientos sólo sirven para facilitar la corrupción. Moraleja: es un instrumento al servicio del delito. Por eso en naciones serias como Alemania o los Estados Unidos están limitados al presidente de la República. Que tome nota el próximo inquilino de Moncloa, Núñez Feijóo.