Las ayudas sociales y el yihadismo

De la mano del Partido Popular ha entrado en el debate político sobre la inmigración la cuestión de las ayudas sociales. Éstas, ha señalado Alberto Núñez Feijóo, «no pueden convertirse en un efecto llamada a la ilegalidad». Se refería a la entrada en España de inmigrantes irregulares, aunque seguramente ignoraba que, entre estos, ha habido unos cuantos casos de terroristas yihadistas vinculados con Al-Qaeda y el ISIS. Este no ha sido sólo un asunto español, pues se ha extendido por una buena parte de los países europeos. La investigación que en su día realizó Emilie Oftedal acerca de las células terroristas instaladas en Europa mostró que casi una cuarta parte de ellas habían contado para su financiación con los subsidios gubernamentales destinados a paliar la pobreza. Y reveló también que la frecuencia con la que éstos se destinaron a militantes de la yihad se incrementó notablemente después de la crisis financiera de la primera década del siglo. Los países en los que se constató esta forma singular de apoyo al terrorismo fueron Francia, Alemania, el Reino Unido, Noruega, Dinamarca y Suecia. A ellos añadió Javier Arias Borque, en un trabajo que publicó Libertad Digital, España, Austria y Bélgica. Curiosamente, en nuestro país, fue el Gobierno Vasco el que se hizo cargo del mantenimiento de cinco miembros del ISIS, cuatro de los cuales resultaron detenidos y otro más muerto en Siria. Por cierto, este último siguió cobrando la Renta de Garantía después de su fallecimiento, y otros dos más lo hicieron mientras se encontraban en prisión provisional.

Es evidente que en todos estos casos los gobiernos europeos han estado financiando, al menos en parte, los ataques que han sufrido de la yihad terrorista, algunos de los cuales han sido pavorosos, como los de julio de 2005 en Londres (52 muertos y 700 heridos) o los de noviembre de 2015 en París (130 muertos y 415 heridos). Se trata de un problema para el que no bastan soluciones como la de Said Lachhab —uno de los patrocinados por Ajuria Enea—, que fue expulsado de España tras cumplir siete años de prisión. Se necesitan medidas para, detectadas las células terroristas, apartarlas de las ayudas a la pobreza.