Clamor contra la amnistía

Tengo el mejor concepto personal de Pascual Sala. Lo fue todo en la Justicia española. Demostró siempre rigor jurídico, sólida independencia, solvencia profesional y extrema responsabilidad. Situado ideológicamente en la izquierda socialista, gestionó con habilidad uno de los acontecimientos más graves que ha padecido la democracia española, cuando una sala del Tribunal Supremo decidió querellarse contra el Tribunal Constitucional, lo que hubiera supuesto un escándalo nacional e internacional con grave perjuicio para el Estado de Derecho español. Pascual Sala supo arreglarlo todo con prudencia, movilizando a la persona a la que, por mandato constitucional, corresponde el arbitraje y la moderación entre instituciones: el Rey. Sala realizó la delicada operación quirúrgica con precisión y prudencia. Ahora, el prestigioso jurista, expresidente del Tribunal Constitucional, ha declarado que «la amnistía a los implicados en el procés, negociada a cambio de obtener votos para la investidura del presidente del Gobierno, sería inconstitucional y arbitraria».

Por su parte, el exmagistrado Jorge Rodríguez-Zapata ha afirmado: «No es amnistía para arreglar Cataluña, sino para sacar 7 votos que necesita Sánchez». Y el periodista Juan Luis Cebrián, académico de la Real Académica Española, ha escrito en el diario El País: «Una amnistía rindiendo pleitesía a un delincuente fugado con el solo fin de colmar las aspiraciones personales de un derrotado en las urnas, sería una renuncia a los valores éticos y democráticos del socialismo».

La estupefacción que han producido los presuntos acuerdos de Pedro Sánchez con el prófugo golpista Carlos Puigdemont levantaron la piel de la magistratura hasta dejarla en carne viva. La principal asociación de jueces, es decir, la Asociación Profesional de la Magistratura, ha publicado un demoledor comunicado contra las intenciones de Pedro Sánchez. «Se pretende –afirman los jueces– dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia, romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho». Por su parte, ocho consejeros del Consejo General del Poder Judicial han rechazado «una amnistía por el beneficio personal de Pedro Sánchez». Y varios partidos políticos, así como destacados dirigentes del PSOE, denunciaron el atropello sanchista, mientras la opinión pública se ha levantado indignada en incontables manifestaciones que podrían desembocar en un millón de personas rodeando el palacio de la Moncloa. El clamor contra la amnistía, en fin, se ha hecho incontenible.

Luis María Anson,de la Real Academia Española