El coche eléctrico avanza en España a paso de tortuga. Lo hace de forma tan lenta como los trenes de cercanías y de media y larga distancia del ministro Óscar Puente, la política hídrica del Estado, el combate de la corrupción institucional que demanda Europa, la regeneración ética del PSOE o la contratación de médicos en Ceuta y Melilla, territorios ambos gestionados por esa jacobina del todo a cien llamada Mónica García. España suspende en movilidad eléctrica porque se encuentra a la cola de Europa en electrificación, con un déficit de puntos de recarga tan grande como las ansias de enriquecerse de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, porque los sistemas de pago en esos puntos de recarga son un galimatías sin sentido y porque los incentivos a la compra de vehículos obligan al comprador a adelantar el dinero, si es que tiene la suerte de acceder a ellos. También porque sobrevuela la duda de si en un plazo indeterminado de tiempo no subirá la fiscalidad o se pondrán cortapisas al tránsito libre por el interior de las ciudades o al acceso a las plazas de aparcamiento, como empieza a suceder ya en algunos países. En este punto, la proverbial voracidad recaudatoria de la Administración y, en particular, de este Gobierno, no invita precisamente al optimismo.

Un interesante estudio del que se ha hecho eco LA RAZÓN da cuenta de esta maraña de obstáculos que impide que los vehículos que, baterías aparte, contribuyen a evitar el calentamiento global porque supuestamente no contaminan, arranquen de una vez por todas y se generalicen en el mercado. Esta maraña explica también claramente los motivos por los que triunfan los modelos híbridos y los híbridos enchufables como alternativa «limpia»: los conductores quieren que recargar un coche sea tan fácil como echar gasolina o comprar un café, y no algo tan complicado como crear una empresa, encontrar un secretario de Organización socialista honesto o ver a la ministra de Universidades aplaudir en público a los alumnos que alcanzan un título por su propio esfuerzo en lugar de mostrar comprensión por los que se inventan que lo tienen si se trata de amiguetes del partido.

¿Qué haría falta para revertir la situación y que España deje de ser de nuevo el alumno torpe, la oveja negra de Europa? De entrada, instalar alrededor de 19.300 puntos de recarga más para que el vehículo eléctrico tenga un servicio equiparable al de las gasolineras convencionales. A continuación, voluntad real, en lugar de meros eslóganes, de expandir el transporte no contaminante: la situación actual del vehículo eléctrico en España casa mal con un Gobierno que se dice preocupado con el cambio climático que provocan los combustibles fósiles. A la vista de su parsimonia, más bien parece, de hecho, que lo que quiere es que sigan emitiendo gases. En tercer y último lugar, hace falta competencia y eficacia, justo lo contrario de lo que ha demostrado hasta ahora este Ejecutivo autodenominado «progresista», si nos atenemos a la pésima gestión que ha realizado precisamente de los servicios públicos que tendrían que facilitar la vida al ciudadano, como los ya mencionados transportes públicos, la educación, la atención a la dependencia o la sanidad. Con mayor diligencia, es muy probable que el propio Estado saliese beneficiado, porque los clientes dudarían menos y comprarían más. España dejaría así de tener, además, uno de los parques automovilísticos más viejos de todo el continente.