Contra la indefensión

La reparación es necesaria. Debe serlo. Desde luego si las más altas instituciones de este país –en este caso el Tribunal Supremo– siguen entendiendo que las víctimas de ETA son el sufrido pedestal sobre el que se levanta la bandera de nuestra democracia; y naturalmente si los poderes fundamentales del Estado mantienen la esencial vocación de que la ley se aplique y no triunfe otra cosa que no sea el imperio de la Justicia.

El margen de maniobra del Gobierno, en el combate del terror, llega hasta donde llega. Y las manifestaciones del Ejecutivo, empezando por las del ministro Fernández Díaz en LA RAZÓN, no pueden seguir sino la línea de incomprensión y decepción ante la liberación prematura de execrables pistoleros. Porque de Aznar a esta parte, el legislativo ha desarrollado un trabajo cuasi-constante con el objetivo último de que los peores asesinos de la historia reciente de nuestra nación cumplan penas severas e íntegras, proporcionales a la terrorífica destrucción material y humana que han generado. ¡Y esto no puede cambiar!

No. Menos aún cuando hay instituciones internacionales como el Consejo de Europa (nada que ver como la Comisión o el Parlamento o el Consejo Europeo, de naturaleza supranacional y no intergubernamental) cuyas decisiones en absoluto son vinculantes, aplicables sobre nuestro ordenamiento jurídico de forma simple y directa. Y esto es lamentablemente lo que se ha hecho: era evitable y es injusto, lo justifiquen como lo justifiquen quienes son partidarios de liberar a los peores sujetos con las manos manchadas de sangre para engrasar un mal llamado proceso de paz en tierra de nadie.

Están en lo cierto asociaciones como la AVT o la propia FVT cuando lamentan que de los vericuetos o los atajos judiciales siempre se benefician los mismos (¿casualidad o causalidad?). Y cuando subrayan que también los mismos quedan desamparados, dolidos, esencialmente humillados por la falta de sensibilidad ante su sufrimiento de quienes adoptan incomprensibles decisiones.

No. Ni Ángeles Pedraza ni Mari Mar Blanco piden un escarmiento, o venganza, o que se extreme la dureza en el cumplimiento del espíritu y la letra de las sentencias para denigrar los derechos humanos de los verdugos (no hablamos de guerra sucia sino de tribunales limpios). No exigen cortocircuitar los engranajes más elementales que ordenan la lucha contra esta banda armada y sus secuaces.

Al contrario. Las víctimas reclaman lo que es absolutamente entendible: que la memoria se imponga al olvido, que todos los pasos dados y en todos los órdenes sirvan para garantía de que los atentados más abominables no se repitan en el futuro.

Es cuestión de días. Pero hay una urgencia de revertir actuaciones más que controvertidas que no sólo dañan la salud y la dignidad de quienes han padecido el mazazo del crimen, sino de la mayoría absolutísima de los españoles. Las huellas de la violencia etarra son imposibles de cicatrizar. Procedamos con responsabilidad para, al menos, no abrirlas y echarles sal.