Alfonso Merlos

Cuestión de competencias

Se veía venir. Parece mentira que ante un asunto de tal gravedad haya políticos de medio pelo, dotados de sus correspondientes y lacayas terminales opinativas, que confundan el deseo con la realidad. Como esos aficionados que apostados en una esquina del tercer anfiteatro se ponen de pie para gritar gol, levantando el puño y brincando de la butaca cuando el balón simplemente se ha estrellado contra el lateral de la red para salir del rectángulo de juego.

Esto es lo que les ha ocurrido a unos cuantos cuando, tras las declaraciones de Cascos y Arenas, han oído hablar de descontrol en las donaciones. Para estos librepensadores –más bien forofos ligeros de sustancia gris–, estamos ante la prueba del nueve de todo: el dinero negro, los sobresueldos ilegales y la financiación clandestina del Partido Popular. Y por supuesto para estos cerebros, erigidos como por ensalmo en doctores en Derecho Penal, no hay mayor responsabilidad sobre lo acaecido que la de Rajoy y Cospedal.

Pero evidentemente yerran. Porque lo que se ha tasado en sede judicial es el peso del gerente y el tesorero de un partido como las únicas figuras, para bien o para mal, sobre las que recae la competencia de ingresar y gastar los dineros de la caja. Ésa es la verdad. Los manejos, las maniobras, las gestiones, hasta los chanchullos... ése era el sitio de Bárcenas, o de Lapuerta; no el del presidente o los secretarios generales.

No hay nada más injusto en democracia, en algunas ocasiones, que demostrar la inocencia ante las partes invirtiendo la carga de la prueba. Y no hay nada más antidemocrático, en demasiadas ocasiones, que exigir al que no ha delinquido que elabore un relato que haga creíble ante el respetable que unas manos presentadas como limpias nunca estuvieron manchadas. Ahí estamos.