Cuestión de libertad

No, señores nacionalistas. No es cuestión de atacar un modelo educativo que fomenta la segregación y la desigualdad, por cierto. No se trata de meterle el dedo en el ojo a quienes utilizan las aulas como laboratorios para fomentar el separatismo desde la más tierna infancia. Pero, ya de paso, el pronunciamiento del Supremo busca acabar con actitudes y decisiones no sólo aberrantes, sino inconstitucionales. Y, por consiguiente, no puede ser sino celebrada por quienes están del lado de la responsabilidad, la mesura, la convivencia y el respeto.

En el fondo volvemos al viejo debate de España y de la libertad. No hay una sola nación en el mundo cuyas instituciones permitan a políticos asilvestrados arrinconar al idioma oficial para procurar el avance de sus espurios intereses y la imposición de sus paranoicas agendas. Y, en este sentido, el Estado de Derecho está para defenderse desde sus más altas instituciones. Es, lisa y llanamente, lo que ha hecho.

Pero es que, además, no se conoce una sociedad avanzada en la moderna Europa en la que una de sus partes (una hermosísima región en este caso) trabaje desde el poder para la asfixia del ámbito de decisión más sagrado de individuos y familias. Porque hablamos de la escuela, y de la competencia que asiste a padres y madres para decidir que sus hijos conozcan aquello que les es propio, y lo dominen. ¡La primera lengua del país, nada menos!

Tiene su lógica que ciertos barras bravas del soberanismo hayan reaccionado como panteras ante una situación creada que no puede ser más simple ni más indiscutible. La ley existe. Está para aplicarse, observarse y cumplirse. Nunca para hacerla una bola y lanzarla a la papelera. ¿Se entiende?