Democracia para todos

Tras los sucesos acaecidos en Barcelona los últimos días cabe hacer una reflexión sobre cómo ante este tipo de sucesos y ante determinadas posiciones políticas se hace cada vez más necesario reforzar nuestro Estado Derecho como límite a este tipo de actitudes. Con carácter general resulta claro que el logro de la pacífica convivencia de cualquier grupo humano implica el establecimiento de un orden social, esto es, del conjunto de reglas y pautas de conducta que rigen la convivencia. El mantenimiento de ese orden social precisa, a su vez, de una serie de mecanismos dirigidos a promover y garantizar que el comportamiento de los individuos sea respetuoso con los contenidos del orden social acordado, y esto debe ser fiel a unas reglas fijas y preestablecidas sancionadas por quien tiene tal competencia en el orden constitucional y poco más. El rigor de la Ley no debe atemperarse en función de que el grupo infractor sea más o menos afín a los responsables políticos del momento, porque si esto fuera así, la injusticia, sin necesidad de establecer cánones de comparación, sería tan patente como el abuso de poder. Se debe recordar que el Derecho Penal refleja el contenido y el modelo del control social imperante y gracias al desarrollo democrático en las sociedades avanzadas hemos pasado de un control social represivo, inseguro, primitivo y desproporcionado a un Derecho Penal democrático, racionalizado, basado en el principio de culpabilidad y con plenas garantías, y por ello nadie está instituido de una legitimidad de origen ni de ejercicio que le permite decidir cuándo se debe aplicar y cuándo no, salvo el Poder Judicial con estricta obediencia a la Ley. Algunos creen que el Derecho Penal es un instrumento de control político que debe servir a este tipo de fines, y esto ya hace mucho tiempo que está superado. El respeto a los derechos lo debe ser en su integridad y no solo a aquellos que por su naturaleza resulten más idóneos en cuanto a su exaltación a una determinada ideología, o lo que es peor, distinguiendo quién sea su titular en función precisamente de su ideología. Muchos han dado su vida por la defensa de la dignidad y los derechos fundamentales del individuo para que ahora algunos pretendan apropiarse de su esencia. Una sociedad democrática defiende, ampara y garantiza todos los derechos del individuo, así como los bienes jurídicos colectivos, y esto se hace de forma permanente y no dependiendo de quién sea el infractor y lo bien que me caiga. En la dictadura franquista, y en mayor medida en las comunistas, se utilizaba la norma penal como un instrumento de control político, convirtiendo al opositor a la ideología del régimen en un enemigo del mismo, y por ello merecedor de un castigo penal; cuando alguien se apropia de los bienes jurídicos y hace selección de los que le interesan se coloca fuera del respeto a la Ley, y sobre todo de la democracia, porque aquélla es la máxima expresión de la misma. Decía Simón Bolívar que, si un hombre fuese necesario para sostener el Estado, ese Estado no debería existir; y al fin no existiría. ¿En quién estaría pensando?