Dudas espantosas

El caso de Pedro Luis Gallego pone de manifiesto una pregunta reiterada: ¿es posible rehabilitar a un violador? Gallego, después de sus primeras violaciones fue ingresado en un psiquiátrico a principios de los 90. Cuando le consideraron «curado» le dejaron libre. Y fue cuando, además de violar a Marta Obregón y a Leticia Lebrato, las apuñaló hasta la muerte. Hasta ahí, su currículo criminal era de 13 violaciones más las dos mencionadas. Le condenaron a 273 años, que quedaron reducidos a 21, con la Doctrina Parot. Así fue como un día, sin haberse sometido siquiera a terapias para agresores sexuales en prisión, salió de la cárcel, como si fuera un ciudadano más, capaz de relacionarse con los otros... Poco tiempo después, Gallardo, el que fuera conocido como el «violador del ascensor», pasó a convertirse en «el violador de la Paz». Dos intentos de violación y dos violaciones consumadas pusieron a la Policía sobre aviso. Al final, fue detenido, 40 años después de aquel día en el que la Policía se lo llevara esposado a la penitenciaría. Mientras las familias de las asesinadas reviven el dolor de la pérdida de sus hijas y el resto de las agredidas recuerdan una vez más –las violaciones jamás se olvidan– el infierno que este violador les hizo sufrir, en el aire quedan las dudas más espantosas. Esas para las que el sistema no tiene respuesta. ¿Cómo manejar los «derechos» de un violador «incurable»? ¿Y los de sus víctimas y a los de una sociedad indefensa, ante la obligación de liberar a quien jamás se recupera de su «mal»?