El desacato

La irrupción del populismo en las instituciones, junto a su radicalización y a la de los independentistas, ha convertido el desacato en un comportamiento peligrosamente habitual en nuestro país. Son muchos los asuntos, los lugares y las instituciones en las que se produce, y crece a diario, debiendo reflexionar acerca de si la respuesta exclusivamente jurídica y judicial es suficiente para evitar que se produzca, se repita y gane en intensidad.

Recientemente, el TC ha anulado la ley catalana que prohibía las corridas de toros por invadir competencias estatales de preservación del patrimonio cultural común. La alcaldesa de Barcelona ha dicho que no acatará la sentencia por considerar que las corridas de toros son maltrato animal, a lo que se han sumado Iglesias y Errejón, al igual que su partido allí, Sí que es Pot. La CUP, Junts pel Sí y la Generalidad han anunciado que la desobedecerán, añadiendo uno de sus representantes que «lo primero es la democracia y no las sentencias del TC».

Llueve sobre mojado en este caso. De manera reiterada se han venido incumpliendo las sentencias que reconocen el derecho a educar a los hijos y a rotular en español, siendo incluso sancionados los que han querido ejercer ese derecho. Lo mismo ha ocurrido con los fallos en contra del proceso soberanista, el referéndum, el acatamiento de la Constitución en las tomas de posesión, la puesta en marcha del llamado «proceso» o el no respetar los símbolos nacionales en acontecimientos oficiales. Y los pronunciamientos judiciales o del TC no se han mostrado efectivos para impedir que sigan produciéndose.

Hace unos días, el pleno del Congreso tuvo que suspenderse ante el espectáculo de Podemos, boicoteándolo por la intervención policial ante el amotinamiento en un centro de internamiento de inmigrantes ilegales en Madrid, por no acatar que se impida legalmente la entrada de personas ilegalmente en nuestro país, en defensa de nuestra seguridad, nuestra libertad, nuestros derechos y nuestra convivencia. La alcaldesa de Madrid se felicitó también por que saltaran la valla de Melilla agrediendo a la Guardia Civil, y se plantea darles un carnet y derechos sociales al margen de la Ley.

De igual manera, hace unas semanas aprobaron un presupuesto y un plan de inversiones para 2017 vulnerando la ley de estabilidad, pese a las advertencias del Ministerio de Hacienda, con el argumento de que «un Gobierno en funciones no puede imponerse a un acuerdo de un pleno municipal».

El líder de Podemos ha declarado en un acto contra la pobreza energética que «o votos, o calle», añadiendo que «cuando el cambio no lo hace la institución, lo hace el pueblo». Y el de IU ¡le ha dicho al Rey! que rodearán el Congreso en la investidura. Y se han quedado tan anchos, como todos los anteriores en otros muchos casos.

El tema es más grave de lo que parece, porque pone de manifiesto la debilidad del Estado y de sus instituciones ante estos crecientes desafíos. Si es por falta de una legislación más rigurosa y habilitante de medidas ejecutivas inmediatas contra ellos, debe aprobarse de manera inmediata. Si es por falta de ejecutividad en el Gobierno y las instituciones para llevarlas a cabo, debe exigírseles su aplicación con toda la contundencia necesaria antes de que sea tarde. La impunidad de la que han gozado hasta el momento no sólo pone en cuestión la estabilidad y la seguridad del sistema, sino que amenaza gravemente también con llegar incluso a la confrontación física. Esperemos que se actúe en ambas direcciones antes de que sea tarde y no se deje la solución tan solo a las decisiones judiciales.