El exilio apetecible

Ya sé que de ministros a diputados, de periodistas a divulgadores, de criadas a soldados anda todo el mundo entusiasmado con la desimputación de la Infanta Cristina. Permítaseme no compartir esa dicha inefable. De hecho, en mi modesta opinión, este paso procesal es claramente perjudicial. La imputación de un ciudadano no implica su culpabilidad. Se trata únicamente de una manera de proceder al interrogatorio de una persona cuyo testimonio es esencial para la instrucción de la causa dotándole además de la cobertura legal que no tendría caso de comparecer como testigo. Obviamente, el testimonio de la Infanta era indispensable en la medida en que formaba parte de las entidades desde las que su marido realizaba actividades presuntamente delictivas, en que se había utilizado su nombre para llevar a cabo esas actividades y en que conocía algunas de ellas. Manteniendo la imputación, la Infanta hubiera podido aportar datos importantes y quizá ser eximida totalmente de responsabilidad penal. Incluso en el caso de que, tras escucharla, el juez hubiera decidido acusarla, el fiscal – entonces sí– se podría haber opuesto. En caso de haber sido juzgada, su abogado habría tenido bastante terreno para defenderla alegando que la conducta de la Infanta no era ejemplar, pero que, no pudiendo demostrarse que conociera el plan de su esposo, sólo cabía la absolución. Habría sido más largo y, sin duda, doloroso, pero, al fin y a la postre, nadie habría podido negar, fuera cual fuera el resultado, que la justicia era igual para todos. Esa afirmación hoy es discutida. Por añadidura, la resolución de desimputar a la Infanta es una peligrosa bomba de relojería. A partir de ahora –y partiendo de este precedente– cualquier fiscal podrá obstruir una instrucción e impedir «de facto» que siga adelante. Dado que los fiscales están sometidos a una dependencia jerárquica cuya cúspide es nombrada por el Gobierno, los corruptos pueden sentir que tienen motivos de sobra para entregarse al alborozo. Ni policías que dan chivatazos a ETA, ni contables de libros ilegales, ni trincones de gasolinera, ni especialistas en falsificar ERE, ni miembros de familias mafiosas que se llevan el dinero a Andorra rendirán jamás cuentas ante la Administración de Justicia. Sabido es que un trozo de pan no se le niega a un pobre. El día de mañana, puede que tampoco se le niegue un fiscal comprensivo y obstruccionista a los corruptos que viven del dinero que Montoro nos saca de los bolsillos. Desde luego, hay días en que emigrar parece una opción más que apetecible.