El «típex»

Vuelvo sobre la ley del aborto y lo hago porque, al parecer, hoy se vota la toma en consideración de la proposición de ley del partido gobernante para reformarla. Según leo, aparte de exigir la autorización paterna para las menores de edad, baraja eliminar la referencia a que abortar sea un derecho, para así ganar a sus propios diputados provida. Esto no es serio.

Habría que matizar porque no hay unos pocos diputados provida, en teoría ese partido es provida: según sus estatutos tiene un compromiso con el derecho a la vida. Pero no va a derogar la ley del aborto. Ignoro qué puesto ocupa esa ley en el ranking de las aberraciones jurídicas –debe de ser alto–, pero si se tiene la serenidad de leerla se verá que es un compromiso con la cultura de la muerte y que responde a una sola lógica, no es fragmentable. No vale reformarla borrando con «típex» tal o cual artículo o, por seguir un símil arquitectónico y urbanístico, no basta con tirar o retranquear un tabique: en ese edificio falla la cimentación, la estructura y está fuera de ordenación. Solo cabe el derribo.

En puridad la ley no regula el aborto, sino el derecho a la salud reproductiva y sexual, nueva estrella que luce en el cosmos de los derechos ciudadanos. Ese nuevo derecho «es la ley». Su objeto es garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos. Ésa es su esencia y ese nuevo derecho estructura toda la ley, de él nacen los demás derechos, mandatos y previsiones de la ley: desde las prestaciones sanitarias a la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, su inserción en el sistema educativo, la merma de la objeción de conciencia o, por supuesto, el sistema de plazos y así un largo etcétera.

No regula la defensa de la maternidad, ni protege la vida del no nacido ni los efectos de abortar en caso de situaciones extremas –eso sería una ley de indicaciones–, sino que se asienta en un postulado de la ideología de género: es un derecho de la mujer seguir el embarazo o abortar, si opta por esto no tiene que dar explicaciones –eso serían las indicaciones– y toda la ley se basa en regular, facilitar y fomentar esa opción, ese derecho.

El proyecto que este Gobierno acabó retirando tenía por objeto proteger, fomentar la maternidad, garantizar los derechos de la mujer embarazada y la «protección de la vida del concebido aún no nacido, que constituye un bien jurídico constitucionalmente protegido que el Estado está obligado a garantizar mediante mecanismos eficaces». Es un planteamiento antagónico respecto de la ley vigente, luego si no se deroga es que se está optando por una concepción de la vida y de la maternidad muy distinta. Cuesta trabajo pensar que un partido que presentó ese proyecto, con esa idea inspiradora, ahora siga una política que está en las antípodas; es como si dijese que para no perder votos, cambia su modelo económico, que de la economía de mercado se pasa al dirigismo socialista.

La vigente ley responde a la empresa ideológica emprendida entre 2004 y 2011. El aborto, el «matrimonio» homosexual, el divorcio exprés, la legislación sobre reproducción asistida, la ley de violencia sobre la mujer, incluso la supresión de la potestad de corrección sobre los hijos, no fueron reformas «inocentes», hechas al tun-tún, sino para acuñar otra mentalidad sobre la vida, la familia, etc. Por eso no basta ahora tirar de «típex» y borrar alguna frase de la ley para salir del paso: hay que optar, ser coherentes y decir qué idea se tiene –si es que se tiene– sobre la vida humana y la dignidad de la mujer.

Hay una guerra ideológica. Unos, pacientemente, siembran para que vaya floreciendo un nuevo tipo de ciudadano –léase votante– a medida de su ideología. Otro lo ignora y se contenta con cantar los datos macroeconómicos, eso sí, ahora lo hace a ritmo de rap; un rap que dice que hay que creer más en ideas que en ideologías. Me pregunto si hay algo de ambas.